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jueves, octubre 29, 2020

¿Choque de trenes entre Judicatura y Corte Suprema por caso de Ramos?

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En una controversial decisión de 28 páginas, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dejó consignados los motivos por los que ordenó apartar del caso por concierto para delinquir contra Luis Alfredo Ramos Botero, exgobernador de Antioquia, al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ariel Torres, que ya había presentado una ponencia de fallo. La Sala ordenó además que se elabore otra ponencia de fallo.

La determinación, que se tomó como segunda instancia de una tutela de Ramos, se basó en que una filtración del proyecto de fallo que fue publicada en medios de comunicación violó el debido proceso del exmandatario, y que el magistrado Torres debió haber cuidado más el expediente para evitar esa situación.

(Lea también: Polémico fallo ordena apartar a magistrado del caso de Luis A. Ramos)

Esa decisión de la Sala Disciplinaria no solo contrarió la del juez de primera instancia, que consideró que una eventual filtración no podía ser considerada una violación al debido proceso atribuible al magistrado.

El fallo de la Judicatura también riñe, de una forma, con una decisión que ya había tomado la misma Corte Suprema, en su Sala Penal, que declaró infundada una recusación formulada por Ramos por la filtración, con la que buscaba apartar al magistrado del caso

La causal por la que el exgobernador recusó al magistrado Torres fue por «haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente».

Pero el magistrado Torres, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte, no había tenido nada que ver con su expediente antes de que le llegara a esa sala (que se creó en 2018), no era magistrado titular antes de 2018, y la Sala que hoy lleva el caso de Ramos solo empezó a existir hace 2 años.

(Le puede interesar: Corte pide investigar filtración de ponencia que condenaba a Ramos)

Es así como aunque la Corte Suprema consideró que no había motivos para apartar del caso a Torres por la filtración, la Sala Disciplinaria de la Judicatura opinó lo contrario.

Consultado sobre si hay un ‘choque de trenes’ entre las cortes, es decir cuando una decisión de un tribunal contraría la de otro, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, consideró que no puesto que la Corte Suprema y la Sala Disciplinaria evaluaron cosas distintas.

«Una cosa es la valoración de la Corte Suprema en la que determina si debe apartarse del cargo si la persona ha proferido una opinión y no lo es, porque ahí el debate se circunscribe a la imparcialidad. Mientras que la Judicatura realiza un estudio en el marco de una acción de tutela, y la pregunta es si la filtración de una ponencia es vulneratoria de derechos y concluyen que sí. El debate ahí no es sobre la imparcialidad, como en la Corte, sino sobre la reserva del proceso y afectación a los derechos del procesado», explicó. 

Por esto, para él son dos situaciones diferentes y no se trata de un ‘choque de trenes’. «La Corte estudió la imparcialidad del funcionario, mientras que la Judicatura estudió si la filtración de una ponencia ha generado una especie de culpabilidad anticipada y como ello viola el derecho al debido proceso», concluyó.

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Una opinión similar guarda el penalista Camilo Burbano, quien explicó que es normal que haya diferentes criterios jurídicos frente a un tema específico, pero que pocas veces mediante una tutela una Corte se ha manifestado tan expresamente frente a la decisión de otra, en este caso, apartando del conocimiento de un caso a un magistrado.

«No sé si llamarlo un ‘choque de trenes’ o no, pero claramente  fue una divergencia jurídica con consecuencias muy importantes en el proceso, que trasciende a la misma divergencia y tiene la implicación de apartar a, nada menos, que un magistrado de la Corte Suprema del proceso de investigación de otro», expresó.

Una sala que no debería existir y magistrados que superaron su periodo

Más allá de la controversia sobre el fallo y de si hay o no un ‘choque de trenes’, otro tema que le aporta polémica esta decisión es que la tomó una sala que fue eliminada en 2015, con la reforma de equilibrio de poderes, y que lleva 5 años funcionando en interinidad.

La Sala Disciplinaria debe ser remplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pero esto no ha sucedido y los magistrados de esta Comisión no han sido elegidos por el Congreso, que debe recibir 4 ternas del Consejo Superior de la Judicatura -antes Sala Administrativa- y 3 del Presidente de la República.

Esa situación, que se propició porque el Consejo de Estado tumbó las convocatorias públicas para elegir a los ternados, ha llevado a que la Sala Disciplinaria se perpetúe, funcionado con 5 magistrados interinos que son elegidos por los otros magistrados -y no por el Congreso, como ordena la Ley- y otros dos magistrados que sí están en propiedad pero que ya cumplen 12 años de periodo, a pesar de que la ley limita esos cargos a 8 años.

(Le recomendamos: Comisión de Disciplina Judicial debe quedar conformada este año)

Esos magistrados son Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, precisamente esta última fue la ponente de la decisión con la cual la Sala Disciplinaria ordenó a la Corte cambiar de ponente y hacer otra ponencia de fallo. 

Garzón había sido elegida este año como presidenta de la Sala pero hace un mes, sorpresivamente, renunció a ese cargo, aunque no a su despacho. 

Hace un mes, además, la Corte Constitucional, al revisar una tutela del Consejo Superior de la Judicatura contra el fallo con el que el Consejo de Estado tumbó la convocatoria pública, aclaró que no era necesaria una ley estatutaria para regular ese concurso y dijo que la Comisión de Disciplina Judicial debe quedar conformada este año.

También expresó el alto tribunal que un periodo de un magistrado superior a 8 años es inconstitucional y que no se puede prolongar el periodo más allá de eso argumentando que no se han elegido magistrados para reemplazarlo, que es lo que han sostenido todos estos años Sanabria y Garzón.

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