Un nuevo giro tomó la versión de las autoridades que advirtieron que el homicidio de dos jóvenes venezolanos uno de ellos menor de edad comprometidos presuntamente en un hurto dio los comerciantes del municipio de Tibú en la región del Catatumbo.
Los representantes del sector formal rechazaron las versiones entregadas por las autoridades de policía quienes señalaron el pasado viernes que en los hechos la comunidad y particulares habrían tomado «la justicia por sus propios medios», al intervenir actores armados en el aberrante caso donde son asesinados por desconocidos que llegan y se los llevan en motocicletas y posteriormente los asesinan.
«La policía no está diciendo la verdad, las cosas no fueron así, el hecho se presentó en un almacén, pero desde ese momento se llamó muchas veces y no llegaron, no sabemos porque, no salieron, también es claro que ellos no pueden salir ni de la estación, pero nunca ni siquiera contestaron, o dieron respuesta» dijo un reconocido comerciante.
Otro señaló «esto no ocurrió en el monte, fue en pleno Tibú en el pueblo, acá los actores armados ellos hacen lo que quieren, acá la ley la imponen ellos desde hace rato. Nos preocupa hoy el silencio del alcalde, de la policía nacional que no reconoce que no actuó y pudo evitar esta tragedia, que como tibuyanos nos duele, es muy grave lo que paso».
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El pasado viernes el comandante de la policía en Norte de Santander, coronel Carlos Martínez dijo que «lo que reportan los policías es que había un mayor y un menor de edad de nacionalidad extranjera pretendiendo hurtar unos elementos de ropa de almacén del municipio. Fueron retenidos y golpeados por la comunidad y los comerciantes. Posteriormente llegan unos sujetos armados y en motocicletas quienes se llevan estas personas y los asesinan fuera del municipio, haciendo justicia por mano propia».
A través de comunicados, los comerciantes han denunciado y hecho público las llamadas que hicieron a las autoridades frente a lo ocurrido.
Tibú es uno de los municipios del Catatumbo más afectado por los actores armados ilegales, y por la reincidencia de sucesos violentos que afectan a la población civil, la fuerza pública y las entidades estatales de manera permanente.
