Puede ser que el naufragio del proyecto de ley de financiamiento con el cual la administración Petro buscaba un mayor espacio de gasto haya sido una sorpresa para sectores de la opinión, pero ese no fue el caso en los pasillos del Capitolio. Desde hace semanas numerosos congresistas venían pronosticando el fracaso de la iniciativa, rechazada el miércoles tanto en las comisiones conjuntas del Senado como de la Cámara.
Que incluso en el Ejecutivo veían la partida difícil es algo que quedó en evidencia esta semana cuando Diego Guevara, el nuevo ministro de Hacienda, hizo concesiones de última hora que recortaban la propuesta gubernamental. Nada, ni los intentos desesperados de varios miembros del gabinete para doblegar voluntades en distintas bancadas, sirvió para atajar lo que tantos creían inevitable.
Así las cosas, el Ejecutivo sufrió otra derrota que le agrega elementos de incertidumbre a lo que pasará el año que viene en el frente de las finanzas públicas. El motivo no es solo que el presupuesto nacional de 2025 será expedido por decreto –algo inédito para el país–, sino que además deberá venir acompañado de un tijeretazo importante.
Las cifras son claras. De un monto de 523 billones de pesos planteado a finales de julio habrá que restar 12 billones que dependían de la aprobación del proyecto que se hundió. Dado que no existen antecedentes sobre cómo proceder en esas circunstancias, sobre el papel el margen de maniobra es muy amplio.
Aun con ese espacio, resulta imposible saber al día de hoy qué partidas se verán afectadas y por cuánto. Por ahora, todo apunta a que la Casa de Nariño intentará preservar los programas que tiene en más alta estima y buscará cobrarse por la derecha una serie de cuentas con el fin de castigar a aquellos que considera sus contradictores.
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Quien busque indicios de que los criterios técnicos pesarán menos que los políticos no tiene más que leer lo dicho por el Presidente de la República en su cuenta de X. “La crisis presupuestal no la pagará el pueblo”, escribió el mandatario.
Pero la incertidumbre no termina ahí. Los analistas han señalado que las cuentas hechas desde un comienzo sencillamente no dan y que el lío de plata supera con creces lo estipulado.
En opinión de Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, “el tamaño del problema es muy superior al que había planteado el Gobierno”. Para el experto, hay un faltante de 37 billones, por cuenta de cálculos que pecan de optimismo en exceso sobre el comportamiento de los ingresos públicos. Por ello, “lo responsable sería hacer un recorte por esa cantidad”, sostiene.
Ponencia negativa de la ley de financiamiento ante las comisiones económicas.
César Melgarejo
‘In crescendo’
El llamado a hacer un ajuste ordenado parte no solo de un escenario presupuestal inviable el año que viene. Basta con mirar las afugias actuales para concluir que en 2024 las cosas han pasado de castaño a oscuro.
Para citar un dato, el saldo de depósitos del Tesoro Nacional en el Banco de la República a comienzos de este mes se ubicó en 6,4 billones de pesos, muy lejos de los 22 billones de 12 meses atrás. Sin lugar a duda ese mínimo histórico refleja un problema de caja mayúsculo, que hace difícil pagar las obligaciones corrientes y que obliga al Ministerio de Hacienda a ‘raspar la olla’.
No solo eso. Ya en febrero la entidad había advertido sobre la necesidad de apretarse el cinturón debido a que parecía poco factible que los ingresos estatales para el presente ejercicio se consiguieran. A esa primera alerta le siguieron varias más, ocasionadas por el mal comportamiento de los recaudos tributarios.
Tanto el pobre desempeño de la economía que golpea lo que sale de los impuestos vinculados al consumo como el error de elevar las retenciones en 2023 –que fue necesario devolver en las declaraciones de renta de este año– se juntaron con una apuesta irreal respecto a la resolución de litigios entre los contribuyentes y la Dian. También una decisión de la Corte Constitucional respecto a la deducibilidad de las regalías que pagan las empresas de algunos ramos extractivos influyó en el resultado.
Impuestos.
iStock
Con el fin de darle un manejo a ese faltante, el pasado 27 de noviembre se protocolizó un recorte en el presupuesto de gastos de 2024 por 28,4 billones de pesos. A lo anterior se suma una estrategia de no darle luz verde a una serie de partidas cuya vigencia simplemente se vencería, lo cual en la práctica equivale a otro recorte que puede acercarse a los 30 billones de pesos.
Apretarse el cinturón de esa manera tiene el doble propósito de hacer más manejable la situación de caja y cumplir con la regla fiscal, que por mandato legal impone un límite al saldo en rojo de las finanzas públicas. De manera reiterada la administración Petro ha dicho que honrará lo establecido.
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Aquí no solo se trata de comportarse de manera responsable, sino de evitar el coletazo de los mercados. Si se impone la percepción de que Colombia puede llegar a desatender sus obligaciones, el costo de adquirir nuevos créditos se iría a la estratosfera, habría una salida importante de capitales y el peso perdería terreno frente al dólar.
Ello explica, de paso, la aclaración que a las carreras tuvieron que hacer varios funcionarios tras las palabras de Gustavo Petro, quien el jueves en un discurso en la costa Atlántica afirmó: “Nos llevaron al borde del default”. “Jamás”, anotó el director de Crédito Público, José Roberto Acosta. “El cumplimiento del servicio de la deuda no se ha puesto en duda por el Gobierno”, escribió en su cuenta de X.
Las salidas
Más allá de la calentura de la Casa de Nariño, que anunció la ruptura de relaciones con las comisiones económicas del Congreso, la pregunta sensata es qué hacer ahora. Los que saben del tema comienzan por señalar que el punto de partida debería ser la realidad de este año, pues un presupuesto que originalmente era de 503 billones de pesos acabará siendo del orden de los 445 billones.
Dicho monto sería la base para la planeación de 2025. Incluso si se aceptara lo que dice Fedesarrollo respecto a sincerar las cifras y quitarles a los 523 billones de la propuesta de julio los 37 billones que faltan según la entidad, quedarían 486 billones, lo que equivale a un alza del 9 por ciento sobre el ejercicio actual.
Por tal motivo, suenan totalmente desproporcionadas las afirmaciones de diferentes ministros y del director de Planeación Nacional frente a lo que viene. “Aquí lo que se afecta es el presupuesto de inversión, que finalmente lleva a que cerca de 26 de 31 sectores no vayan a tener presupuesto de inversión en el país”, sostuvo Alexánder López.
De otra parte, se imponen sacrificios en el capítulo de la inversión, cuyo estimativo inicial fue de 82 billones de pesos para el año que viene. Qué tanto se logre en funcionamiento permitirá preservar con mayor o menor éxito los dineros para este gran aparte, en el cual se concretan las prioridades de la administración de turno.
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Nada es fácil
Sacar la cuchilla con el fin de reducir aquí y allá es algo que a nadie le gusta. Pero así el proceso sea antipático, los números son todavía más tercos que la voluntad de los gobernantes. No se trata de ideologías, ni mucho menos de conspiraciones en marcha, sino de respetar los principios de la buena hacienda pública, los cuales comienzan por aceptar que debe haber correlación entre ingresos y gastos.
Y aquí lo que usualmente funciona es aquello de predicar con el ejemplo. Eso resulta clave para el gobierno actual, que no se destaca precisamente por sus mensajes en favor de la austeridad. La expansión de la nómina de la Cancillería en el exterior, el impulso a programas con rentabilidad social cuestionable o la creación de entidades que no hacen falta han servido solo para agrandar el problema.
Entonces, en el mundo ideal, lo que debería suceder se asemeja a lo que opina Juan Camilo Restrepo. Para el exministro, el decreto del presupuesto de 2025 por un valor de 511 billones de pesos tendría que conocerse pronto, junto con otra norma que aplace una serie de gastos con el fin de garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.
Junto a lo anterior, valdría la pena enviar señales que conduzcan a una reactivación de la actividad económica. Como bien saben los especialistas en el tema, ninguna reforma tributaria produce tanto como los beneficios que deja una buena tasa de crecimiento que venga acompañada de una mejora sustancial del consumo y la inversión empresarial, lo cual serviría para alimentar las desnutridas arcas estatales.
Tampoco merecen desecharse los conocidos planes de choque. Así la estrechez sea la norma, siempre se pueden privilegiar aquellos sectores en los cuales cada peso de ejecución se multiplica más y se logran consolidar alianzas con el sector privado.
No obstante, en la Colombia de hoy tales planteamientos suenan casi ilusorios. El riesgo de una radicalización impulsada por un Presidente de la República cada vez más frustrado ante la falta de realizaciones resulta evidente. Tercerizar las culpas y achacarle responsabilidades a multitud de antagonistas –unos de carne y hueso y otros abstractos– es una táctica usada de manera más expresa por Gustavo Petro.
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Este, además de apelar a la excusa del “no me dejaron”, no pierde de vista la cita electoral de 2026. Ante la urgencia de retener la fidelidad de sus huestes, siempre estará la intención de gastar más.
Por ello es previsible que el clima de crispación continúe y sea la norma más que la excepción en los meses que vienen. Solo queda esperar que en medio de aguas que serán mucho más agitadas, en los funcionarios del Ministerio de Hacienda primen los criterios profesionales y la voluntad de mantener las cosas bajo control así el capitán vocifere desde el puesto de mando.
Porque, a fin de cuentas, todos los colombianos estamos en el mismo barco. Y aquel deberá mantenerse en condiciones adecuadas de navegabilidad más allá del periodo en el que concluye el Gobierno del Cambio. Solo así se podrá garantizar, de verdad, que –como dijo Petro en X– el costo de la crisis presupuestal no lo pague el pueblo.
RICARDO ÁVILA
En X: @ravilapinto
