Los arriendos son un tema que cada inicio de año suelen estar en boca de la ciudadanía por la correspondiente alza que pueden sufrir debido a la inflación del año anterior. En este caso, un aumento muy elevado teniendo en cuenta que el IPC anual para 2022 llegó a 13,12 %.
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El sector de arrendamiento vivió un antes y un después de la ley 820 de 2003 que estableció algunas condiciones y criterios básicos respecto a los contratos de arrendamiento.
Allí se enmarcaron las obligaciones tanto del arrendatario y arrendador así como la fijación del canon de arrendamiento o las causas de terminación del contrato por parte del arrendador.
Un antes y un después debido a las reglas de juego que puso sobre la mesa para un sector donde la mayoría de las veces se hacían acuerdos de forma verbal que después no se cumplían.
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La ley lo que hizo fue aglomerar una serie de artículos, decretos, leyes que estaban medio a sueltos y se habían dado de forma separada en diferentes instancias.
Uno de los cambios más importantes que trajo fue el aumento de canon de arrendamiento que se puede dar. «Previo a la ley se permitía un aumento de hasta el 90 % del IPC determinado en el año anterior. No tan distinto a lo que tenemos hoy que se puede aumentar hasta el 100 %«, explica Martín Monzón, CEO del portal Finca Raíz.
Asimismo, la ley dio muchas formas a la resolución de conflictos con uno de los artículos que se basa en la solidaridad entre las partes. «Regula conflictos como el no pago del canon, donde existen nuevos procedimientos en los que el dueño puede recuperar el inmueble en hasta 6 meses», puntualiza.
Antes ese proceso de la devolución del inmueble se podía demorar hasta 10 años, según cuenta Monzón.
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Otro de los cambios clave es respecto a los servicios públicos y la administración. «Esta ley regula cómo funciona el tema de servicios públicos que corresponde al arrendatario y eso antes no estaba claro«.
Finalmente, la ley aclaró que el contrato de arriendo puede ser oral o verbal mientras el arrendatario y el arrendador se pongan de acuerdo en los siguientes puntos:
-Nombre e identificación de los contratantes (quienes arriendan el inmueble).
-Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, y si es el caso, de las zonas o servicios compartidos con los demás habitantes del inmueble.
-Precio y forma de pago.
-Relación del pago de servicios públicos.
-Término de duración del contrato.
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