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Les travaux menés par le Délégué aux finances criminelles, élaborés de manière articulée par les directions spécialisées anti-blanchiment et confiscation des avoirs du Parquet général, ont permis d’impacter une organisation criminelle prétendument vouée à l’acheminement de textiles issus de la contrebande vers el país.
El mega operativo, desplegado en 36 municipios, ubicados en 17 departamentos, contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijín de la Policía Nacional y la Dian, posibilitó la persecución de 20 presuntos integrantes de la red ilegal.
Misiones de policía judicial como búsquedas selectivas en bases de datos, interceptaciones de comunicaciones, inspecciones de procesos, misiones de verificación física de empresas han demostrado que los imputados, entre ellos varios miembros de una misma familia, estaban involucrados desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de ropa. y accesorios de vestir.
Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los imputados permitieron establecer movimientos de dinero que podrían estar vinculados a delitos como el blanqueo de capitales y el enriquecimiento ilícito, aparentemente cometidos por personas relacionadas con la llamada Sociedad Tierra Santa.
Según la investigación, la red ilegal realizaba operaciones simuladas importando y comprando mercancías principalmente de Panamá y Ecuador. También se estableció que la organización ilegal cuenta con una empresa en Barranquilla (Atlántico), 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.
Los capturados son:
Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares , Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett and Fabio León Álvarez Franco.
Los imputados deberán responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de las personas y concierto para delinquir agravado.
Acciones realizadas por la Dirección para la extinción de derechos de dominio
Por otro lado, y con el fin de afectar las finanzas de la red de contrabando, los fiscales adscritos a la Dirección de Extinción de Derechos de Propiedad impusieron medidas cautelares de suspensión del poder del dispositivo, secuestro, embargo y posesión de 58 inmuebles, 20 empresas, 65 establecimientos comerciales, 953 cabezas de ganado y 14 vehículos. El valor de los activos involucrados superaría los 1,2 billones de pesos.
Los activos están ubicados en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa (Atlántico); Apartado, Cáucaso (Antioquia); Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan De Nepomuceno (Bolívar); Arauca (Arauca); Palmira, Buenaventura, Cali, (Valle del Cauca); Ipiales, Pasto, Tumaco (Nariño); Neiva, Pitalito, (Huila); Popayán (Cauca); Placa, Fundación, Ciénaga, Santa Marta (Magdalena); Maicao (Guajira); Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica (Córdoba); Valledupar y Aguachica (César); Calamar (Guaviare); San Marcos (Azúcar); Ocaña (Norte de Santander); Yopal (Casanare) y Floridablanca (Santander).
Los bienes afectados serán entregados por el Ministerio Público a la Sociedad de Bienes Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La fiscalía habla con resultados.
MAGA/LEVS/DCLA/SB/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
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