A 5 años y cuatro meses de prisión fue condenada Katherine de Los Ángeles García Rodríguez, excomisaria de familia en el Tolima, por los delitos de prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con prevaricato por acción, por sendas irregularidades presentadas en el proceso de protección de una menor de 3 años de edad, la cual falleció por su estado de desnutrición y maltrato físico severo en el año 2017, cuando se encontraba bajo la custodia de sus padrinos.
El Juzgado Penal del Circuito del Líbano (Tolima) acogió los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y la declaró penalmente responsable de estas conductas por las que deberá responder en prisión domiciliaria. De igual manera, como pena accesoria, le fue impuesta la inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal.
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Todo ocurrió cuando la niña se encontraba bajo custodia de sus padrinos, con el aval de la hallada culpable, luego de ser entregada por su madre debido a que reconoció que no contaba con los recursos económicos suficientes para mantenerla.
La exfuncionaria no cumplió con sus funciones, pues no garantizó, protegió ni reparó los derechos de la menor de edad y suscribió un acta para dejar a cargo de la madrina y su esposo a la niña.
La Fiscalía a través de un despacho seccional de Lérida, que llevó a cabo el juicio encontró que la funcionaria para el momento de los hechos, debió haberse apoyado en otras entidades, antes de darles la custodia a los padrinos. Buscar familia extensa o un hogar sustituto y así asegurar su protección.
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Malos tratos
Meses después de que la pareja quedara con su custodia, la niña ingresó al hospital con una picadura de abeja en su rostro. En esa oportunidad los médicos detectaron, además, que la niña se encontraba en estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue reportado a la comisaria García Rodríguez, quien no hizo nada al respecto. Posteriormente la niña murió.
El ente acusador concluyó que la mujer se saltó todas las normas legales e hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le dieron, negándose a restablecer los derechos de la niña.
