La Fiscalía logró demostrar que los procesados les exigían a las víctimas el pago de cuotas diarias, a cambio de no atentar contra su integridad y permitirles trabajar.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 26 años de prisión a cuatro integrantes de la organización delincuencial Los Rocha, por su responsabilidad en intimidar y realizarles exigencias económicas ilegales a propietarios de vehículos y transportadores en el norte de Bogotá.
Se trata de Luis Alejandro Vargas Rodríguez, Manuel Enrique Cruz Castellares, Krellyn Joxe Ramos Rojas y Julio César Peña Torrealba, estos dos últimos, ciudadanos extranjeros, quienes fueron sentenciados por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.
La investigación liderada por un fiscal de la Seccional Bogotá evidenció que la red ilegal se dedicaba a cobrar extorsiones diarias de 6.000 pesos a cada conductor informal del barrio El Codito en la localidad de Usaquén y quienes se negaban a pagar las exigencias, eran objeto de amenazas, agredidos físicamente y les dañaban sus vehículos.
Por disposición de un juez de conocimiento, los procesados cumplirán la condena en centro de reclusión. Adicional a la pena principal les fue impuesta una multa 11.325 de salarios mínimos legales vigentes. Los dos ciudadanos extranjeros, en el momento que cumplan la sentencia, serán expulsados del territorio nacional.
LMBG/AMCJ/MPG/FSB.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.