El intendente de la Policía, Carlos Augusto Fernández Raigosa, aceptó los cargos. Deberá pagar multa de 2.275 millones de pesos. Foto. Fiscalía
El intendente de la Policía, Carlos Augusto Fernández Raigosa, fue condenado a siete años de prisión por liderar una red de explotación sexual internacional que tenía su centro de operaciones y de captación en Medellín.
De acuerdo con las investigaciones el uniformado, aprovechándose, de su estatus y privilegios como intendente contactaba a mujeres jóvenes y les ofrecía trabajar como modelos en Francia con un excesivo sueldo.
“Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval”, aseguró la Fiscalía.
Luego de que tenía el visto bueno de sus complices en Europa, Fernández Raigosa realizaba todos los preparativos para el viaje de las mujeres, como expedición del pasaporte y la compra del tiquete aéreo que era, supuestamente, pagado por la organización criminal transnacional.
“Las mujeres que recibían la aprobación de la estructura delictiva tomaban un vuelo en el aeropuerto de José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), rumbo a Madrid o Barcelona (España). Posteriormente, eran llevadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia)”, indicó la Fiscalía.
Todo era un engaño
Una vez en territorio francés las jóvenes engañadas se percataban de que los videos y fotografías exigidas por el intendente habían sido publicados en redes sociales y páginas web donde se ofrecían servicios sexuales. Muchas de ellas ni siquiera recibían el pago por la actividad que les obligaban a ejercer.
“Terminaban ejerciendo (esa labor) para cubrir el pago de una deuda que les imponía la organización delictiva por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje”.
De acuerdo con la Fiscalía, Fernández Raigosa aprovechó su posición como autoridad para ganarse la confianza de las mujeres, ya que en la época en que se cometieron los delitos (2022-2023) aún era intendente activo adscrito a la estación La Candelaria de Medellín.
Además de la condena, el expolicía deberá pagar 2.275 millones de pesos, equivalentes a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que fue la multa impuesta por la justicia.
