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Jhon Ezequiel Hermosa Perdomo pertenecía a una banda delincuencial que obligó a una familia a abandonar su casa en el municipio de Campoalegre. La Fiscalía le endilgó los delitos de desplazamiento forzado y porte de armas de fuego. El sujeto ‘negoció’ la pena y logró una rebaja considerable.
Rafael Rodríguez C.
Amenazas de muerte, intimidaciones con armas de fuego y hasta lanzar piedras contra la casa, fueron algunas de las acciones que Jhon Ezequiel Hermosa Perdomo y dos hombres más, hicieron contra una familia hasta hacerla abandonar su vivienda en el municipio de Campoalegre.
Este cruel panorama que llevó a las autoridades a investigar, recolectar pruebas y capturar a los tres sujetos, permitió al Fiscal Sexto Especializado de Neiva a imputarles a los delincuentes los delitos de desplazamiento forzado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.
Hermosa Perdomo, de 27 años de edad, luego de conocer las pruebas en su contra decidió con su abogado defensor suscribir un preacuerdo con el fiscal que le permitió obtener como único beneficio la rebaja de pena de una tercera parte de la pena mínima a imponer.
La pena inicial que era de 222 meses de prisión (18 años y 6 meses) y multa de 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($8.000.000), con la rebaja le quedó en 148 meses (12 años y 4 meses) y una multa de 533.33 smlmv ($533.330.000).
El preacuerdo fue presentado al Juez Tercero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento, quien luego de estudiarlo lo legalizó y condenó a Hermosa Perdomo a la pena de prisión acordada en el documento. “La aceptación libre y voluntaria de los cargos…aunado a los elementos materiales probatorios, configuran el mínimo probatorio, resultando éstos suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia…”, dijo el togado.
Agregó que “es claro que el comportamiento” de Hermosa Perdomo puso en peligro “de forma cierta y sin causa que lo justificara…la seguridad pública y la autonomía personal, obligando a la familia a abandonar su residencia…”. 
La condena de Jhon Ezequiel se suma a la de José Eulises Pabón Zúñiga y Cristián Fabián Gutiérrez Loaiza, quienes también suscribieron un preacuerdo con el fiscal y fueron sentenciados también a 12 años y 4 meses de prisión y multa de 533.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($533.330.000).
Amenazas y desplazamiento
La desarticulación de la banda ocurrió en junio de 2021, tras ser capturados sus integrantes en los municipios de Garzón y Campoalegre por efectivos del Gaula Militar en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Tras la denuncia de la familia, víctima de la organización delictiva, los efectivos del CTI adelantaron los trabajos de investigación que les permitieron identificar plenamente a cada uno de los miembros de la banda y judicializarlos.
Según la denuncia y pesquisas, la banda comenzó a atacar a la familia, dos adultos y dos menores de edad, que residía en el asentamiento Islas del Sol en el municipio de Campoalegre, desde enero de 2020. “Las cuatro personas, al parecer, vendrían recibiendo desde enero amenazas en contra de su vida”, manifestó la Fiscalía.
La familia ante las amenazas e intimidaciones de la ‘empresa criminal’, el 5 de abril de 2020 debió abandonar su casa y desplazarse hacia otro lugar para no continuar siendo agredida. “Forzaron a la pareja de esposos y sus dos hijos a desplazarse”.
Según se logró determinar, al parecer, los implicados vendrían amenazando con agredir a las víctimas, para lo cual se habrían valido de armas de todo tipo. “La familia fue víctima de actos violentos mediante el uso de armas blancas, armas de fuego de uso personal y elementos contundentes como piedras y machete; así como amenazas de muerte en caso de negarse a abandonar su vivienda”.
Las amenazas, al parecer, fueron en retaliación porque no participaban en los actos delincuenciales que ese grupo promovía, ni permitían que sus hijos formaran parte de esa banda criminal, situación que los obligó a cambiar de residencia en contra de su voluntad.
Tras la captura de los implicados la Fiscalía les imputó en junio de 2021 los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en concurso con desplazamiento forzado. Ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad.
El juez de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario. Todos se encuentran recluidos en la cárcel de la ciudad de Neiva.
