Disputa de terrenos y propiedad ancestral
El municipio de Barrancas enfrenta un litigio con una comunidad indígena Wayuu, quienes reclaman la propiedad de un predio en el que actualmente se construyen 202 viviendas. Este terreno es reivindicado por la familia Wayuu Urariyu Brito, quienes aseguran ser los legítimos dueños. La mañana de este miércoles se suspendió una conciliación que lideró la directora de la Casa de Justicia.
Reclamo de los Líderes Indígenas
Marilúz Urariyu, líder de la comunidad, participó en un plantón frente a la Casa de Justicia de Barrancas, exigiendo que se reconozca la propiedad ancestral del terreno. Según Marilúz tanto el municipio como la empresa constructora han ignorado la posición de la comunidad y han continuado con el proyecto. Urariyu señaló que, al no existir voluntad de conciliación, la comunidad decidió acudir a vías judiciales para que su derecho sea respetado.
Intervención del Instituto Agustín Codazzi
El Instituto Agustín Codazzi (Igac) también juega un rol clave en esta disputa. La comunidad Wayuu cuestiona la emisión de cartas catastrales recientes que asignan la propiedad al municipio, mientras que, según afirman, existen documentos anteriores que respaldan su propiedad sobre el predio en conflicto. Han solicitado a través de derechos de petición una aclaración sobre este tema.
Argumentos de la defensa legal Wayuu
El abogado Miguel Fonseca Gámez, representante de la familia Wayuu y exalcalde de Barrancas, sostiene que el municipio no realizó una investigación adecuada antes de iniciar la obra. Durante la conciliación, el abogado enfatizó que los Wayuu han sido poseedores de esas tierras desde hace más de 50 años, pagando regularmente impuestos prediales al municipio. Además, recalcó que los documentos catastrales muestran que el territorio en conflicto pertenece a la comunidad Wayuu, y no al municipio de Barrancas.
Próximos pasos en el litigio
En la audiencia de conciliación se decidió suspender temporalmente la diligencia para designar a un perito independiente, posiblemente de una universidad pública o entidad neutral, que se encargue de verificar la ubicación verdadera del predio y los documentos que respalden su propiedad. La comunidad Wayuu confía en que el análisis pericial y la revisión de los documentos catastral les de la legítima razón que tienen, porque son consciente que el terreno pertenece a sus ancestros.
Llamado a la transparencia en el proceso
El abogado Fonseca Gámez denunció presuntas irregularidades en el manejo de los archivos públicos, lo que habría contribuido a la confusión sobre la titularidad del terreno. La comunidad Wayuu y sus representantes esperan que el proceso judicial se desarrolle de manera justa y transparente, salvaguardando los derechos de propiedad ancestrales y garantizando el respeto hacia las tradiciones y territorios.
