Muchos de los retrasos han sido por los constantes paros que han realizado comunidades indígenas vecinas
La Procuraduría ha revelado un panorama preocupante respecto al avance de la construcción de la nueva cárcel de mediana seguridad en Riohacha, La Guajira. Tras cuatro años de trabajos, la obra apenas ha alcanzado un 48.14 %de avance, según la última evaluación.
El organismo de control alertó sobre los riesgos que estos retrasos implican para el patrimonio público, dado que el proyecto ha requerido inversiones superiores a los 400 mil millones de pesos. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública revisó la información proporcionada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y encontró que las constantes modificaciones en los cronogramas han afectado gravemente el progreso de la obra.
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Estos retrasos han impedido el cumplimiento de los objetivos iniciales del proyecto, como la reducción del hacinamiento en los centros de reclusión y la garantía de los derechos de los reclusos. Además, la Procuraduría considera que puede haberse vulnerado el principio de planeación contractual, dado que, a casi cuatro años de la firma de los contratos, la ejecución no supera el 50 %.
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El organismo instó a la Uspec a implementar las medidas necesarias para evitar más modificaciones contractuales y prórrogas que comprometan la entrega de las obras, previstas para junio y diciembre de 2025. Entre las causas de los retrasos se encuentran los paros de las comunidades locales, que han demandado compensaciones del área de influencia, las cuales, según ellos, no han sido entregadas por el Gobierno.
