La Contraloría General de la República imputó por posible responsabilidad fiscal a los suscriptores del contrato que buscaba culminar el proyecto.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción mediante auto No.1821 del 15 de noviembre de 2023, imputó responsabilidad fiscal por $55.801 millones, como consecuencia de las irregularidades presentadas en el contrato de obra Pública No.0939 de 2014, cuyo objeto fue: “Ejecutar la terminación de las obras del distrito de riego en mediana escala de Tesalia – Paicol“.
El daño se ocasionó como consecuencia de problemas en el proceso de planeación de la obra, por una gestión fiscal contraria a los principios de la contratación y de la función administrativa, que derivaron en la pérdida de recursos públicos.
Dentro de los hechos que se destacan de la investigación, que originaron daño al patrimonio público, se encuentran: el abandono de tuberías y otros materiales, y cantidades de obra que no fueron debidamente evaluadas con los estudios previos, que se debían haber surtido en la etapa previa a la celebración del contrato.
Frente a la decisión de imputación los vinculados gozaran de la plena garantía de sus derechos al debido proceso y a la defensa frente a la misma tal como ha venido ocurriendo a lo largo de esta actuación. Igualmente, dentro del mencionado auto se decidió el archivo sobre otros hechos que fueron objeto de investigación.
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