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miércoles, enero 20, 2021

Contraloría Departamental no encontró detrimento en contrato de publicidad, en contraste, la Fiscalía dice que si hay un detrimento de al menos $123.320.638, es decir el 24,6% de los $500 millones

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La Procuradora para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública Liliana Caballero Durán, requirió al gobernador encargado del Archipiélago, Alen Leonardo Jay Stephens y al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari Hooker para que en cinco días calendario, que terminaría el domingo 10 de enero, entreguen información puntual sobre la contratación celebrada desde el primero de enero de 2019, es decir un año antes de que comenzarán los nuevos gobiernos.

Con fecha cinco de enero la delegada exigió que en cinco días calendario, es decir que incluyen dominicales y festivos y por lo tanto el plazo terminaría el domingo 10 de enero, se entregue una extensa información que incluye en el caso de la gobernación enviar un informe a la delegada en el cual explique en detalle: “1. Todos y cada uno de los contratos de prestación de servicios celebrados por la Gobernación entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, detallando los contratistas, valores, objeto contractual y las razones, así como la justificación para su celebración. Esta información debe, además, explicar: a. La pertinencia para la celebración de cada contrato, considerando los objetos establecidos en los contratos de prestación de servicios a la luz de los manuales de funciones de la Gobernación. b. La pertinencia para la celebración de cada contrato, considerando además las condiciones de emergencia que vive la Isla como consecuencia del huracán IOTA. c. Los contratistas que tienen más de un contrato de prestación de servicios celebrado con la Gobernación, los tiempos de ejecución de cada contrato, señalado con claridad quiénes son contratistas por primera vez, así como quiénes son contratistas recurrentes. d. La fuente de financiación de los contratos de prestación de servicios suscritos por la Gobernación.

  1. Las acciones de la Gobernación respecto de las cargas laborales, la ampliación y la gestión de la planta de personal.
  2. Las políticas y lineamientos de la Gobernación para el impulso de la economía local, desde la contratación pública, en particular, desde los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, según el documento oficial de la Procuraduría.

Providencia

En el caso de Providencia y Santa Catalina, el alcalde debe informar sobre: “a. La pertinencia para la celebración de cada contrato, considerando los objetos establecidos en los contratos de prestación de servicios a la luz de los manuales de funciones de la Alcaldía.

  1. La pertinencia para la celebración de cada contrato, considerando además las condiciones de emergencia que vive la Isla como consecuencia del huracán IOTA.
  2. Los contratistas que tienen más de un contrato de prestación de servicios celebrado con la Alcaldía, los tiempos de ejecución de cada contrato, señalado con claridad quiénes son contratistas por primera vez, así como quiénes son contratistas recurrentes.
  3. La fuente de financiación de los contratos de prestación de servicios

suscritos por la Alcaldía.

  1. Las acciones de la Alcaldía respecto de las cargas laborales, la ampliación y la gestión de la planta de personal.
  2. Las políticas y lineamientos de la Alcaldía para el impulso de la economía local, desde la contratación pública, en particular, desde los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, de acuerdo con el documento.

Observación sobre contratos

La delegada de la Procuraduría identificó que la Gobernación celebró en 2019 un total de 1.692 contratos, mientras que, para el 15 de diciembre de 2020, se habían suscrito 1.359 contratos, cuyos objetos era la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con el literal H del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

En lo correspondiente a Providencia, dice el ente de control que “se identificó que la alcaldía celebró en 2019 un total de 1.699 contratos mientras que, para el 15 de diciembre de 2020, se habían suscrito 1.311, cuyos objetos eran la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con el literal H del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007”, indica el informe.

Más adelante la Procuraduría resaltó que, de conformidad con la información del DANE, Providencia cuenta con una población cercana a los 6.000 habitantes. Además, aunque no es posible efectuar una relación de 1:1 entre contrato y persona, si es posible evidenciar el impacto del Estado en términos de ingresos en la población de Providencia y sus hogares, considerando que se registran 1.545 hogares con un promedio de 2,7 habitantes por hogar.

Esta decisión la tomó la Delegada con base en la Circular No. 036 del 16 de diciembre de 2020, en la que el Procurador General, Fernando Carrillo, instó a las autoridades competentes “a ejecutar de forma adecuada, diligente y oportuna todas las tareas y actividades que en el marco de sus obligaciones y deberes públicos correspondan para hacer efectivos los derechos humanos y las libertades individuales, consagrados en la Constitución Política, en favor de los habitantes y comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.



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