Durante la visita que realizó Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor General de la República, al departamento de La Guajira, este martes 17 de enero dio a conocer que la Entidad encontró un total de 30 hallazgos fiscales por valor de 132 mil 025 millones de pesos, en proyectos de regalías y que auditó en 2022.
Proyectos con evidente falta de planeación, obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas, urbanizaciones de vivienda sin terminar, escenarios recreativos y deportivos que fueron entregados y se encuentran en mal estado y abandonados, son algunas de las situaciones anómalas que encontró la Contraloría General de La Republica en el departamento de La Guajira, de los cuales el 95 por ciento fueron declarados de impacto nacional por Rodríguez Becerra.
Exteriorizó que los hechos declarados de impacto nacional tienen como entidades afectadas a la Gobernación de La Guajira, los municipios de Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Villanueva, La Jagua del Pilar y Manaure, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica del Municipio de Uribia E.S.P. y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior -Edured- Aldesarrollo.
Indicó el alto funcionario, que del total de los hallazgos con presunta incidencia fiscal, 37 mil millones corresponden a resultados de la Actuación Especial sobre el Ocad Paz y los demás, a denuncias gestionadas por el organismo de control, y el mayor detrimento patrimonial detectado y declarado de impacto nacional es por 15 mil 616 millones y tiene que ver con la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria –ACFC- en el municipio de Dibulla.
En La Jagua del Pilar, el proyecto de construcción y adecuación de escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana que registró un hallazgo fiscal por más de 14 mil millones, fue otro de los hallazgos fiscales relevantes que determinó la Contraloría y fueron declarados de impacto nacional.
En la capital de La Guajira determinó también por valor de 5 mil 688 millones de pesos, otro hallazgo fiscal correspondiente a la optimización de colectores principales sanitarios del sistema de alcantarillado en los barrios Cooperativo y Los Mangos en Riohacha.
El proyecto fue impulsado por una emergencia sanitaria, que permitió una contratación directa con un alcance limitado y ha tenido como resultado múltiples suspensiones y prórrogas. Los tramos de la obra que fueron “optimizados” siguen presentando inundaciones, dando continuidad a la emergencia sanitaria.
La construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro, en el municipio de Manaure, es otro de los hallazgos consolidados representado por más de 11 mil millones de pesos.
La Entidad resaltó que esta obra lleva un avance de más del 90 por ciento, pero un conflicto de deudas con la empresa Aire impide que haya energía para el funcionamiento de la obra.
El proyecto está suspendido de forma indefinida desde junio de 2022. La denuncia al respecto fue realizada por la periodista Salud Hernández, que ha realizado varias más sobre otros proyectos de regalías en La Guajira, las cuales han sido tramitadas por la Contraloría General y donde se han determinado hallazgos fiscales por más de 29 mil millones de pesos.
La construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure, registraron un monto de hallazgo fiscal por 10 mil 103 millones, y el detrimento correspondió a la ejecución de una obra que no prestó los servicios para los que fueron aprobados los recursos. De igual manera, esta obra sufre de una suspensión y tiene cerca de 700 viviendas construidas que no prestan servicio.
El municipio de Manaure se afectó con el hallazgo fiscal por 8 mil 420 millones en relación al proyecto “Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático ante la escasez hídrica en las comunidades indígenas de La Guajira”, por el no cumplimiento del objetivo principal del mismo, ya que en realidad solo se hicieron pozos para extracción de agua, una práctica ambientalmente no sostenible; se trata de una obra inconclusa y abandonada por parte del contratista, con falta de vigilancia y control por parte de la interventoría y el supervisor de obra.
Por el abandono del proyecto, el sistema de acueductos se deteriora cada día más, lo cual hace que los recursos invertidos en las actividades ejecutadas se pierdan.
Reveló que también encontraron inconsistencias en la implementación de sistemas acuapónicos generadores de seguridad alimentaria e ingreso familiar en diferentes comunidades del municipio de Albania, lo que generó un detrimento de 8 mil 050 millones, obra que se ha encontrado abandonada, con estanques en mal estado y cultivos desatendidos. Proyecto, en el que además se presentó la muerte de más de 1 mil alevinos en estados de precría, no cumplió con el objetivo principal y fue objeto de hurtos en diferentes puntos.
En Uribia, 3 mil 799 millones de pesos, con los que se construiría la planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento de Buenos Aires, fue relacionada como hallazgo fiscal dado que no se cuenta con recurso hídrico apto para la explotación y tratamiento de agua con destino a la comunidad objeto del contrato, igualmente no se agotaron las instancias previas a la ejecución del proceso contractual que evidenciara la presencia de agua en la zona.
