La Contraloría General de la República ha identificado en el departamento de Casanare, 34 proyectos registrados en el Diagnóstico de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos que siguen activos por un valor de $571.531 millones.
Son 4 proyectos registrados en el diagnóstico como Proyectos Críticos por un total de $37.706 millones. 30 proyectos registrados como elefantes blancos, por un total de $533.825 millones.
En Casanare, el sector con mayor cantidad de recursos invertidos es agua potable y saneamiento básico, con un total registrado de $226.471 millones.
Para el rescate de estos proyectos, la Contraloría fomenta espacios de diálogo institucional y social con los que contratistas, contratantes e interventores, entre otros actores, celebran acuerdos de gestión ante la ciudadanía, con miras a terminar los faltantes y entregar las obras para el servicio de la comunidad.
En desarrollo de esta estrategia de promoción de la vigilancia de la ciudadanía sobre los recursos públicos, la Contraloría acompaña a la ciudadanía en el ejercicio del control social en el seguimiento a varios proyectos estratégicos.
Torres del Silencio
La construcción de las soluciones de vivienda del proyecto Torres del Silencio, inicialmente contratado en el 2011 y con dificultades desde el comienzo de la ejecución, pues la infraestructura construida no cumplió con los requerimientos de construcción y tuvo que ser suspendido.
Algunas familias beneficiarias invadieron las torres sin terminar y habitan en ellas a pesar de los riesgos y de que no cuentan con servicios públicos.
La administración realizó una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente, tras lo cual la alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.
Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que obliga a la administración municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las familias beneficiarias afectadas.
Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las fases, dado que la Alcaldía de Yopal no ha comenzado el proceso administrativo para el desalojo de las familias que no dejarán sus viviendas voluntariamente. Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, tienen pendiente definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal – INDEV.
Sobre este proyecto, desde el 2021, la Contraloría adelanta un proceso verbal en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que se encuentra en etapa de imputación de responsabilidad fiscal.
Obra de protección del margen derecho del río Cravo sur en Yopal
La estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur, entre la calle octava y la urbanización del Paraíso, proyecto que inició en el 2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%.
Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.
PTAP de Yopal
La captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, cuya etapa I ya fue culminada al 100%, pero que no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación.
La Contraloría exhortó a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.
