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Los contratistas asociados al proyecto del Metro de Bogotá han alertado sobre significativos conflictos debido a retrasos en los pagos. Estas complicaciones han sido atribuidas al consorcio chino encargado de la obra, provocando un creciente descontento en torno a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la capital colombiana.
Desde hace varias semanas, los contratistas han expresado su frustración por la falta de respuesta referente a los atrasos en los pagos. Aunque los compromisos financieros siguen sin cumplirse, el consorcio continúa exigiendo la ejecución de obras y la asignación de nuevas tareas, muchas veces sin los contratos formales necesarios.
La situación se intensificó el pasado 2 de enero en la concurrida intersección de la avenida Villavicencio con Ciudad de Cali. En este lugar, parte del equipo del consorcio intentó desalojar a diversas empresas contratistas. Este acto ha sido considerado por muchos como una violación a las normas contractuales y un atropello a los derechos de los trabajadores involucrados.
El procedimiento de expulsión fue ejecutado sin el debido proceso legal y ha generado una fuerte reacción entre los trabajadores y empresarios, quienes lo ven como un atentado contra sus derechos laborales. Un contratista afectado comentó a SEMANA sobre la angustiante situación que enfrenta, aludiendo al impacto económico que esto tiene en las familias dependientes de sus ingresos.
Con la presión en aumento, las empresas afectadas están evaluando la posibilidad de organizar un paro masivo. Este movimiento busca subrayar la crisis económica que enfrentan y demandar un trato justo de parte del consorcio responsable del Metro. El paro se perfila como un intento de los contratistas para visibilizar sus demandas y obtener soluciones efectivas.
Ante este escenario, tanto la comunidad como los trabajadores permanecen vigilantes, preocupados por la posible escalada del conflicto. Sin embargo, los contratistas han afirmado que no abandonarán el lugar hasta que se alcance una resolución satisfactoria para sus demandas. La controversia amenaza con convertirse en un detonante de problemas sociales y laborales si no se maneja adecuadamente.
Por su parte, el consorcio chino ha reiterado su posición mediante un comunicado anterior, en el cual aseguraron que los pagos se realizan conforme a lo estipulado en los respectivos contratos, sin exceder los 150 días máximos. Sin embargo, ha emitido un nuevo comunicado relacionado con el intento de expulsión, citando razones contractuales para justificar sus acciones.
El comunicado del consorcio enfatiza que ciertos cambios en las condiciones de los contratos, como las decisiones de la Empresa de Servicios Públicos, han llevado a la terminación del contrato con el Consorcio CPM. Destacan que esta decisión, fundamentada en el contrato, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Contrato de Concesión.
Además, el consorcio señala que el acuerdo incluye cláusulas específicas para la resolución de conflictos, sugiriendo que las discrepancias pueden ser resueltas a través de los mecanismos legales predefinidos, evitando así cualquier impacto negativo en el avance del Proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá.
