En el marco de las investigaciones que adelanta la justicia por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo, que tiene contra las cuerdas a varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro, la Corte Suprema de Justicia realizó esta semana una inspección sorpresa al Ministerio de Hacienda.
Según se conoció, dicha diligencia se realizó el pasado 10 de diciembre y allí los funcionarios encargados se concentraron en requerir documentos relacionados con la contratación y gestiones de esa cartera, tanto con entidades regionales, como con otras dependencias del Estado.
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Desde el Ministerio de Hacienda, confirmaron este encuentro y contaron que la visita fue atendida por parte de sus diferentes equipos de trabajo, quienes entregaron a los delegados todos los elementos que fueron solicitados por ellos.
Mientras tanto, reiteraron su disponibilidad de atender a todos los entes de control, no solo a la Corte Suprema de Justicia, sino a todo el que lo requiera, con el fin de explicar sus gestiones, tanto en la era de Ricardo Bonilla, como en administraciones previas y poner a su disposición toda la información que requieran.
Corte Suprema de Justicia
César Melgarejo / EL TIEMPO
Dentro de lo que se ha conocido hasta el momento, los delegados del alto tribunal se llevaron computadores de funcionarios clave en la entidad y revisaron los equipos de algunos otros. Esto sucede días después de que se hicieran pesquisas similares en el Congreso de la República.
La intención de la Corte Suprema de Justicia, al parecer, sería establecer si desde el Minhacienda se autorizaron operaciones de crédito que se convirtieron en coimas para algunos congresistas, a cambio de apoyar las reformas que impulsó este gobierno durante el año pasado.
Actualmente el proceso vincula a los legisladores Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y al excongresista Juan Diego Muñoz, quienes poco a poco han tenido que comparecer ante la justicia para rendir sus declaraciones sobre si están o no inmersos en este escándalo.
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¿Qué ha pasado en el caso?
De acuerdo con lo que se ha conocido, este proceso también salpica al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el asesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo, y el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes habrían hecho un pacto para comprar congresistas a través de contratos con la UNGRD por $92.000 millones.
Archivo Portafolio.co
La presunta operación exprés habría tenido lugar en diciembre de 2023 y tendría como objetivo impulsar la aprobación de créditos internacionales para la Nación que sumaban un poco más de US$1.000 millones. De acuerdo con el testimonio, una fecha clave en ese proceso fue el día 6 de ese mismo mes.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, dijo a la Fiscalía que el Gobierno necesitaba el visto bueno de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. No obstante, ese 6 de diciembre, solo se aprobó uno de los siete créditos que buscaban el aval de los legisladores.
Para conseguir la aprobación de los créditos restantes se convocó a una reunión de última hora en el Ministerio de Hacienda en la que estuvieron presentes los tres funcionarios antes mencionados y en la que se habría concertado el supuesto acuerdo.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y el exenlace de esta cartera con el Congreso, María Alejandra Benavides.
Archivo particular
Posterior a esto se habría emitido la resolución 3202 del 11 de diciembre de 2023, con la que se transfirieron recursos a la UNGRD por 700.000 millones de pesos. De este monto, según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, saldrían los 92.000 millones en contratos.
La versión de Benavides ratificaría lo anteriormente señalado por los exfuncionarios de Unidad: Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes también se encuentran implicados en el caso.
