La reciente actuación de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha generado inquietud en diversos sectores, especialmente tras conocerse a través de reportes de prensa sus esfuerzos por negociar nuevas interpretaciones de disposiciones relacionadas con inversiones en el Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, al igual que del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
(Vea: Exportadores de leche en polvo de EE. UU. alertan inconsistencias en investigación)
Esta situación ha encendido alarmas sobre posibles incoherencias con los intereses nacionales y la falta de transparencia en las gestiones de la USTR.
Por ejemplo, en una carta enviada al presidente Joe Biden, varios congresistas de Estados Unidos aseguraron que el T-MEC eliminó gradualmente muchas de las protecciones del mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (ISDS) que existían bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
(Vea más: Exportaciones colombianas hacia Venezuela crecieron 47 % de enero a noviembre de 2024)
Sin embargo, los negociadores estadounidenses, respaldados por el Congreso, incluyeron un período de transición de tres años para que las empresas estadounidenses con inversiones preexistentes pudieran presentar reclamaciones bajo los términos anteriores.
Esta medida resultó crucial ante diversas acciones de expropiación directa y prácticas ilegales emprendidas por el gobierno mexicano en los últimos años. Un caso emblemático es el de Vulcan Materials Company, que desde 2018 mantiene demandas bajo el TLCAN para recuperar pérdidas derivadas de invasiones, cierres arbitrarios y expropiación directa de sus activos por parte del gobierno mexicano.
(Lea: Exportaciones disminuyen 1,8% en noviembre anticipando un 2024 con tendencia a la baja)
Las acciones recientes de la USTR podrían debilitar de manera arbitraria las posiciones legales de Vulcan y de otros inversionistas estadounidenses que aún enfrentan disputas con gobiernos extranjeros.
(Vea: Restricciones y proteccionismo, obstáculos para las importaciones en Colombia)
Según informaron diversos medios, la USTR busca modificar la interpretación de disposiciones clave del T-MEC, lo cual podría favorecer al gobierno de México al evadir responsabilidades por sus acciones, al tiempo que disminuiría las probabilidades de que los inversionistas estadounidenses obtengan resultados justos en los procesos de arbitraje.
«No es necesario ser defensor del ISDS para reconocer que estas acciones son contrarias al interés nacional«, señalaron los congresistas americanos sobre esta iniciativa. Existe la percepción de que la USTR intenta resolver ciertos asuntos bilaterales antes del fin del actual gobierno, lo que podría limitar la capacidad de la próxima administración para alcanzar resultados positivos en la relación bilateral con México.
(Lea también: Las iniciativas más destacadas de AmCham Colombia durante el 2024)
Además, resulta preocupante que ni el Congreso ni los actores afectados hayan sido informados o consultados adecuadamente sobre estas negociaciones. «Las leyes comerciales de Estados Unidos y los precedentes existentes exigen que la USTR consulte regularmente con los legisladores sobre temas que afectan las obligaciones de inversión del país en los acuerdos comerciales«, subrayaron.
(Vea más: Tensiones en el Canal de Panamá, un riesgo para el comercio colombiano y global)
Por ello, la falta de transparencia y colaboración con el Congreso y las partes interesadas es vista como una omisión grave. En este contexto, se considera imperativo que la USTR no entable conversaciones sobre posibles cambios con socios comerciales sin contar previamente con el respaldo del Congreso.
Se destaca que las agencias responsables de la política comercial deben actuar siempre en función del interés nacional de ese país. Dado el escaso tiempo para realizar consultas adecuadas antes del final del actual Gobierno, se ha instado a que este tema se posponga hasta que la próxima administración pueda revisar dichas interpretaciones.
(Lea: China respalda a Panamá y defiende la soberanía sobre el Canal de Panamá)
Caso Colombia
Al respecto de la situación, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, aseguró que el gobierno colombiano viene trabajando con los estadounidenses una nota interpretativa dentro del Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio, que se refiere especialmente al de la inversión y que pretenden que salga en lo que queda de la semana.
(Vea más: Las perspectivas que hay para el comercio exterior colombiano durante el 2025)
Según explicó Lacouture, esta modificación dentro del capítulo permite que se haga sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin embargo, destacó que esta tiene unos límites que no pueden cruzar la línea. “No conocemos las modificaciones, pero el Gobierno quiere que salga antes de que Donald Trump asuma como presidente”, dijo.
Cabe destacar que para María Claudia Lacouture el proceso de la nota interpretativa genera incertidumbre, teniendo en cuenta que no se conoce a fondo cuáles podrían ser las modificaciones, lo que podría limitar la inversión del gigante americano en el país.
(Lea: Los efectos de la disrupción del transporte de marítimo durante la pandemia)