El séptimo boletín del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud ha puesto en evidencia un panorama alarmante para el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia. Las pérdidas financieras, la creciente insatisfacción ciudadana y un presupuesto desfinanciado para 2025 revelan la fragilidad estructural del sistema de salud, comprometiendo la sostenibilidad y la calidad del servicio para millones de colombianos.
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Según el informe, al tercer trimestre de 2024, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) registraron pérdidas operacionales que ascienden a $3,1 billones. De este total, el 64% corresponde al régimen contributivo, lo que evidencia una marcada vulnerabilidad en el esquema financiero.
Además, el patrimonio de las EPS se encuentra en terreno negativo, con un déficit de $7,1 billones, reflejando una descapitalización crítica que limita su capacidad de operación. «La situación financiera de las EPS es insostenible. La descapitalización masiva pone en riesgo la atención y los servicios de salud», advierte el informe.
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El acceso a los servicios de salud también presenta dificultades. Entre enero y noviembre de 2024, se registraron más de 1,4 millones de PQRS, lo que representa un aumento del 20,07% en comparación con el mismo periodo de 2023.
El 91% de estas están relacionadas con barreras de acceso a servicios y tecnologías de salud. Esta tendencia ha llevado a un incremento del 25,4% en el número de tutelas interpuestas por los ciudadanos para garantizar sus derechos fundamentales en salud.
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«El aumento de tutelas refleja la desconfianza de la ciudadanía en los mecanismos administrativos para resolver sus necesidades de salud«, señala el informe, subrayando la creciente dependencia de mecanismos judiciales para acceder a servicios básicos.
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De acuerdo con el centro de pensamiento, el panorama para el año 2025 no es más alentador. La Unidad de Pago por Capitación (UPC), que financia los servicios de salud, inició con un déficit estimado de $9,2 billones. Este desajuste compromete gravemente la sostenibilidad financiera del sistema.
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El incremento de la UPC fue de 5,36%, muy por debajo del 16,9% esperado por el sector, lo que agudiza la crisis financiera. «El ajuste insuficiente de la UPC no solo perpetúa los problemas de liquidez, sino que también limita la capacidad de respuesta del sistema ante la creciente demanda de servicios«, indica el boletín.
Además, el presupuesto de gasto destinado para cubrir el presupuesto máximo de 2025 es de $502.000 millones. Esta cifra resulta claramente insuficiente si se compara con los $2,3 billones ejecutados en 2024 hasta noviembre. A esto se suma que el presupuesto para ajustes de vigencias pasadas asciende a solo un billón, monto insuficiente frente a las deudas acumuladas desde 2022.
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«La desfinanciación del presupuesto máximo es un riesgo latente para la prestación de servicios, especialmente considerando las obligaciones pendientes de años anteriores«, advierte el informe.
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Deficiencias en la calidad de la información
Otro factor que agrava la situación es la falta de calidad y completitud en los reportes financieros. La Nueva EPS, que concentra el 23% de los afiliados al sistema, ha presentado reportes incompletos, dificultando los cálculos y proyecciones de la UPC.
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Cabe destacar que esta entidad fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024, lo cual ha afectado sus procesos internos. «Las deficiencias en la información financiera obstaculizan la planificación y asignación adecuada de recursos. Es fundamental mejorar la calidad y oportunidad de los datos para una gestión efectiva«, se enfatiza en el informe.
Los años 2022, 2023 y 2024 han estado marcados por múltiples intervenciones a entidades del sector, lo que ha impactado la calidad, oportunidad, completitud y confiabilidad de la información necesaria para el cálculo de la UPC.
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Para Así Vamos en Salud, esta situación genera distorsiones que dificultan la toma de decisiones y la planificación financiera. «Es indispensable evaluar y corregir los factores que afectan la calidad de los datos para garantizar decisiones informadas y sostenibles«, concluye el Observatorio.
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Llamado a la acción
El boletín de Así Vamos en Salud concluye con un llamado a los tomadores de decisiones, actores del sistema de salud y a la ciudadanía a reflexionar y actuar sobre las medidas necesarias para superar esta crisis estructural.
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La sostenibilidad financiera y la garantía del derecho a la salud dependen de acciones concretas y coordinadas que permitan corregir las deficiencias del sistema. «El sector de la salud requiere reformas estructurales y decisiones valientes para garantizar su viabilidad y el bienestar de la población colombiana«, señala el informe.
Esto teniendo en cuenta que, no solo la sostenibilidad financiera del sector está aumentando la incertidumbre del mismo, sino también, la reforma que actualmente se debate en plenaria de la Cámara y que próximamente retoma discusiones en el recinto.
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