La atención de salud en Neiva enfrenta una crisis que parece no tener fin y que, en los últimos meses, se ha intensificado hasta convertirse en una situación alarmante y permanente. El sistema, que debería estar orientado a ofrecer un servicio accesible y de calidad a todos los ciudadanos, atraviesa un colapso sostenido que afecta principalmente a los habitantes en situación de vulnerabilidad, quienes encuentran serios obstáculos para acceder a servicios médicos esenciales.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
POR: ALEJANDRO POLANCO
El personero de Neiva, Andrés Bastidas, ha descrito la situación como una “crisis estructural permanente”, con problemas como el endeudamiento masivo de las EPS con las IPS, largos tiempos de espera, interrupción de servicios y una creciente judicialización para obtener acceso a tratamientos que, en muchos casos, son de carácter urgente.
Uno de los factores centrales que explican el colapso del sistema de salud en Neiva es la deuda que mantienen las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la ciudad. Este endeudamiento masivo tiene consecuencias críticas para el funcionamiento de hospitales y clínicas, que se ven limitados en su capacidad para cubrir gastos operativos esenciales. Instituciones como el Hospital Universitario de Neiva, la Clínica Medilaser y la Clínica Uros han denunciado la falta de pagos por parte de varias EPS, lo que repercute en la suspensión de servicios, afectando así a miles de personas que dependen de estos centros para recibir atención.
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Las deudas de las EPS han superado cifras que ponen en riesgo la sostenibilidad de las IPS, y no solo en Neiva, sino a nivel nacional. En la capital huilense, esta situación resulta particularmente compleja, ya que la red de salud pública, que debería funcionar como un pilar del bienestar social, está al borde del colapso. Las EPS, en medio de la crisis, se ven incapaces de cumplir con sus obligaciones financieras, lo que afecta su capacidad para gestionar autorizaciones de procedimientos, hospitalizaciones y entrega de medicamentos. Así, los ciudadanos se ven obligados a recorrer un laberinto burocrático para obtener atención, y muchas veces terminan desatendidos o en listas de espera indefinidas, lo cual agrava su estado de salud.
Las consecuencias de un sistema en crisis
La falta de pago a las IPS no solo crea una situación financiera complicada, sino que también tiene un efecto directo en la vida de los pacientes. Al carecer de los recursos necesarios, los centros de salud deben limitar sus servicios, priorizando casos graves y retrasando la atención para otros pacientes que, aunque necesiten asistencia médica, no están en una situación de vida o muerte. Esta selección implica que muchos ciudadanos vean cómo se retrasan sus citas médicas, cirugías, tratamientos de rehabilitación y otros servicios esenciales.
Uno de los efectos más graves es el empeoramiento de la salud de los pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas, quienes requieren un seguimiento médico constante. La demora en el acceso a tratamientos específicos, como la diálisis, la quimioterapia o las terapias para enfermedades autoinmunes, ha generado un incremento en el número de complicaciones médicas, aumentando así los costos a largo plazo para el sistema de salud y empeorando la calidad de vida de los afectados. La personería ha documentado numerosos casos de pacientes que han esperado meses por una intervención o tratamiento, lo que ha derivado en complicaciones médicas severas.
La falta de atención oportuna ha obligado a los pacientes a recurrir cada vez más a la vía judicial para acceder a los servicios de salud. Según datos de la personería local, en los últimos meses se ha registrado un aumento significativo en el número de tutelas, incidentes de desacato y otras acciones legales para lograr que las EPS brinden los tratamientos necesarios. Este fenómeno se ha convertido en un recurso habitual, especialmente para pacientes que requieren intervenciones de alto costo, como trasplantes o tratamientos oncológicos, y que, ante la negativa de las EPS, se ven forzados a presentar recursos legales para hacer valer su derecho a la salud.
La judicialización, sin embargo, no siempre es una solución rápida o eficiente. Los procesos legales pueden demorarse semanas o incluso meses, y durante este tiempo la salud de los pacientes se deteriora. Las tutelas se han convertido en un mecanismo de presión para las EPS, pero el alto volumen de estos casos sobrecarga también al sistema judicial, lo que pone en evidencia la ineficacia del sistema de salud actual para responder a las necesidades de la población. La dependencia de recursos judiciales para obtener tratamientos que deberían ser garantizados es una señal alarmante de un sistema en crisis, y evidencia el impacto de la falta de soluciones estructurales.
Posible cierre de centros de salud
La situación financiera del sistema de salud en Neiva ha alcanzado un punto crítico que podría desencadenar en el cierre de cuatro centros de salud de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, la principal IPS pública del municipio, la falta recursos económicos ha puesto en riesgo la operación continua de estos centros ubicados en sectores estratégicos de la ciudad. El cierre de estos centros tendría un impacto devastador, especialmente en las zonas donde la oferta de servicios de salud ya es limitada, y donde los pacientes se verían obligados a desplazarse a otras instituciones, sobrecargando aún más a las IPS restantes.
La reducción de puntos de atención afectaría de manera directa a los sectores de estratos socioeconómicos más bajos, quienes dependen casi exclusivamente de la red pública para acceder a servicios médicos. Además, el cierre de centros de salud no solo aumentaría la demanda en las instituciones que permanecen operativas, sino que generaría problemas de acceso y movilidad para aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para trasladarse a otros puntos de atención. Este posible cierre es una señal de alarma para toda la comunidad, que se enfrenta a la posibilidad de un colapso total del sistema de salud pública en la ciudad.
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La crisis en la atención de salud no solo afecta a los individuos que necesitan servicios médicos, sino también a sus familias y a la comunidad en general. Los largos tiempos de espera y las dificultades para acceder a tratamientos esenciales han creado un ambiente de inseguridad y angustia en la población. Muchas familias han tenido que recurrir a préstamos o endeudarse para cubrir los costos de servicios privados, ya que el sistema público no les garantiza la atención oportuna. Esta situación genera un impacto económico significativo en las familias de bajos ingresos, que se ven atrapadas en un ciclo de endeudamiento para cubrir necesidades básicas de salud.
Además, la falta de servicios de salud adecuados afecta el desarrollo de la ciudad en su conjunto, ya que un sistema de salud ineficiente limita el potencial de crecimiento de la comunidad. La crisis de salud en Neiva se ha convertido en un problema social y económico que afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos y pone en evidencia la necesidad de soluciones urgentes.
Esto a su vez representa un desafío monumental que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades. La situación actual, caracterizada por la falta de pago a las IPS, la judicialización de los tratamientos y la posible reducción de centros de salud, es insostenible y afecta de manera directa a miles de personas. Sin soluciones estructurales, el sistema de salud de la ciudad seguirá en un estado de colapso, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de sus habitantes.
