Estar en un proceso de embargo en Colombia es una situación que puede tener implicaciones legales bastante complicadas y esto se debe al incumplimiento de algunas obligaciones. Teniendo en cuenta este asunto, ¿cuál es el monto adeudado que podría dar lugar a un proceso judicial en su contra?
Es importante precisar que existen tres etapas antes de iniciar las respectivas acciones legales por los montos adeudados. En la primera se le avisa al deudor sobre el cobro que deberá saldar, posteriormente se presenta la demanda y finalmente se ejecuta una sentencia de embargo.
Teniendo en cuenta la última instancia, el Código Sustantivo del Trabajo, menciona que el salario mínimo legal es considerado como inembargable. Pero, la situación cambia si el implicado gana más dinero. Su excedente puede ser hasta en una quinta parte según lo indica el artículo 155.
Para dar un ejemplo, si una persona gana mensualmente $3.000.000 en relación al salario mínimo de $1.623.500 pesos, su excedente es $1.377.000. Por consiguiente el monto que le será embargado alcanzará los $275.400.
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Sin embargo, existen excepciones en las que se considera en que la parte afectada se puede quedar con el 50% del monto de sus ingresos por el concepto de trabajo.
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Este dinero retenido lo conservará el empleador, quien lo consignará en la cuenta bancaria establecida por el juez que ordenó el embargo y que sigue el respectivo proceso.
¿Es posible salir de un embargo?
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¿Es posible levantar un embargo?
Esta es una posibilidad real cuando el acreedor realiza una solicitud a la Justicia para su levantamiento. Generalmente esta situación también puede ocurrir cuando el deudor finalmente cumple con sus obligaciones pendientes teniendo en consideración la satisfacción de la otra parte implicada.
¿Qué bienes no pueden ser embargados?
Teniendo en consideración las especificaciones brindadas por el Código Civil se mencionan que hay algunos bienes que no pueden ser embargados como lo son: el salario mínimo legal, las herramientas de trabajo, elementos para la subsistencia, vivienda familiar, servicios públicos y seguridad social continuarán perteneciendo al implicado en medio del proceso judicial en el que está involucrado.
