La reciente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha despertado intensas controversias en el Congreso, alineando tanto a críticos como a aliados del presidente Gustavo Petro en torno a un tema vital para el futuro fiscal del país.
Este proyecto legislativo, que propone aumentar las transferencias a los departamentos hasta un 46%, ha pasado por un proceso legislativo menos complicado de lo que muchos esperaban, aunque ha sido objeto de un escrutinio minucioso en las últimas semanas.
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La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP)
César Melgarejo/ CEET
La iniciativa, promovida por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha encontrado respaldo entre diversas facciones políticas, incluso en sectores que tradicionalmente han sido opositores al gobierno. Este apoyo se hizo evidente cuando el Senado aprobó la ponencia positiva, aunque la discusión del articulado se postergó por falta de quórum.
El debate se reanudará, y se anticipa que cuenta con los votos necesarios para avanzar.
El presidente Petro expresó su apoyo a la reforma a través de sus redes sociales, un gesto que ha resonado con algunos senadores del uribismo y con figuras como el expresidente del Congreso, Iván Name, quien a pesar de sus enfrentamientos anteriores con el mandatario, se ha posicionado como uno de los autores de la propuesta.
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Las voces a favor enfatizan la importancia de la descentralización y la necesidad de fortalecer la autonomía regional.
«No pensemos en quien gobierna, pensemos en la obligación constitucional de desarrollar la descentralización en este país», argumentó el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, reflejando un consenso entre varios sectores de la política sobre el déficit en la ejecución de políticas descentralizadas.
La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP)
César Melgarejo/ CEET
Por otro lado, los críticos de la reforma, como la senadora Angélica Lozano, han manifestado preocupaciones sobre el monto propuesto. Aunque inicialmente se planteó un aumento del 46,5%, se llegó a un consenso para reducirlo al 39,5% tras tensiones en el gabinete de Petro.
Lozano advirtió que cualquier cifra inferior podría ser un «cheque chimbo» para las regiones, cuestionando la efectividad del aumento en un contexto de necesidad urgente.
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Paloma Valencia, del Centro Democrático, también levantó la voz en contra de la rapidez del proceso, abogando por una descentralización ordenada y alertando sobre el potencial aumento de la deuda nacional, sugiriendo que esto podría llevar a la necesidad de reformas tributarias en el futuro.
Mientras la discusión avanza, la presencia de gobernadores en el debate subraya la importancia de la reforma para las regiones.
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Figuras como Andrés Julián Rendón de Antioquia y Carlos Amaya de Boyacá han instado a los senadores a respaldar la iniciativa como una oportunidad para reivindicar la descentralización prometida en la Constitución de 1991.
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