El Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Montería accedió a la solicitud de la Unidad de Restitución de Tierras Dirección Territorial Córdoba, para garantizar el goce efectivo de los derechos territoriales de 107 familias de esta comunidad indígena del pueblo Zenú ubicada el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño.
El pasado mes de septiembre, en un contexto de gravedad y urgencia en el que se presentan violaciones a los derechos colectivos y fundamentales contra el Resguardo Pablo Muera de Zaragoza, la Unidad de Restitución de Tierras, solicitó, ante el Juzgado Primero de Restitución de Tierras, la adopción de medidas cautelares sobre más de 2.155 hectáreas habitadas por esta comunidad.
Luego de esta petición, por medio de auto de admisión de medida cautelar, el juzgado notifica a la Unidad de Restitución de Tierras Dirección Territorial Córdoba acceder a la solicitud de medidas cautelares a favor del Resguardo Indígena Pablo Muera de Zaragoza.
“Al cierre de este año seguimos con las buenas noticias para las comunidades étnicas de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, en esta ocasión anunciamos que a través del área de Asuntos Étnicos, la Unidad de Restitución de Tierras logró que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, decretara medidas cautelares para proteger más de 2.000 hectáreas del resguardo Pablo Muera del municipio de Zaragoza, con la que se beneficiarán 107 familias de esta comunidad indígena”, afirmó Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras.
El Resguardo Indígena Pablo Muera es una institución territorial y sociopolítica de carácter especial, conformada por 415 personas, de las cuales 211 son hombres y 204 son mujeres, y el cual se constituyó a través de la Resolución No. 013 del 10 de diciembre de 2002, del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.
En orden proferida, se expone que la comunidad de Pablo Muera se encuentra bajo el control de grupos armados y terceros ajenos, lo que se traduce en la ocurrencia de acciones violentas que han vulnerado los derechos territoriales de la comunidad, perjudicando a las familias que componen dicho resguardo.
También el Juzgado sustenta la admisión de la medida cautelar en que la falta de control territorial constituye un factor que desencadena en la ruptura del tejido social produciendo alteración en sus actividades tradicionales, el abandono de prácticas culturales, la desintegración de las familias y la perdida de actividades productivas vitales para la pervivencia colectiva.
Jovany Caldera Avilez, cacique gobernador del Resguardo indígena Pablo Muera, manifestó al respecto de esta solicitud que: “agradezco grandemente a la Unidad de Restitución de Tierras y a su director Giovanni Yule por esa medida cautelar para la defensa de nuestro territorio y que nos hayan dado la mano a nosotros en este Gobierno, ya que han pasado muchos gobiernos y tenemos entre 16 y 18 años con esos problemas territoriales. Nos están invadiendo los territorios, sacándonos y, hoy por hoy, gracias a restitución, se ha visto y analizado en el marco del respeto, en el marco de la norma y la ley, quién puede tener la tranquilidad y que podamos ejercer nuestras costumbres en los territorios”.
En las medidas cautelares el Juzgado ordena a instituciones como la Unidad Nacional de Protección, Unidad para las Víctimas, Departamento de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Gobernación de Antioquia, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones nacionales y locales, a brindar medidas atención integral, garantías de seguridad y de respeto por los derechos humanos.
