Visitó la zona para dialogar directamente con las comunidades indígenas y revisar la situación de confinamiento y el alto riesgo de reclutamiento de menores de edad en Mitú y Carurú.
A través de la Alerta Temprana 024-2022 se advierte una creciente actividad violenta financiada por actividades del narcotráfico, en alianzas con carteles mexicanos y brasileros.
“Uno de los principales riesgos que denunciamos a través de la Alerta Temprana 024-2022, es que las disidencias de las Farc buscan a niños, niñas y adolescentes, incluso indígenas en Mitú y Carurú para ser reclutados, para obligarlos a informar sobre los movimientos de la fuerza pública y para integrar sus redes de narcotráfico”, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante su visita al departamento de Vaupés.
“Estos riesgos para la población indígena de la región, de manera particular para los menores de edad, se suman a la situación de confinamiento y amenazas que afecta a por lo menos 59 comunidades indígenas y a los habitantes de ocho barrios en la capital de Vaupés”, explicó Carlos Camargo.
En Mitú y Carurú el frente primero ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las Farc pretenden, bajo amenazas, utilizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la consecución de información relacionada con los movimientos de la Fuerza Pública, las rutas de movilidad, identificar la capacidad armada y los tiempos de permanencia en determinados sitios o zonas. Así mismo, vincularlos a las actividades de la cadena cocainera, en particular para el tráfico; y, adicionalmente, usarlos como objetos de violencia sexual, en especial a las mujeres, niñas y adolescentes.
Una situación similar es la que padecen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas de las comunidades asentadas en los caminos que son usados como rutas o corredores estratégicos de las disidencias de las Farc. Allí también existe riesgo extremo para los menores de edad indígenas de ser vinculados forzosamente a las filas de este grupo armado al margen de la ley, según lo identificó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
Además de los intereses de narcotráfico, aliados con carteles de México y Brasil, las disidencias de las Farc buscan el control de la explotación ilegal de los recursos naturales (minería), y con el agravante de que comenten los delitos en territorios ancestrales. Los pueblos indígenas deben enfrentar la situación con mayor preocupación, dados los crecientes intereses de agentes foráneos, bien sea frente a recursos mineros, cocaleros o como corredores de movilidad y tráfico de narcóticos.
“Las disidencias de las Farc están imponiendo férreos controles sobre la población residente, la cual se ve afectada en sus actividades cotidianas y comerciales. Su injerencia se cierne con mayor riesgo sobre las comunidades indígenas y demás residentes, que se asientan en el área rural de los municipios de Mitú y Carurú. Las acciones de control social también se expresan en la restricción de la libre movilidad y comunicación de la población en sus territorios, vulnerando con ello derechos de los pueblos indígenas respecto de sus usos y costumbres”, agregó Carlos Camargo.
Las disidencias de las Farc pernoctan o permanecen en algunos espacios de las comunidades, para vigilar los comportamientos de los residentes, y evitar que observen actividades que llevan a cabo por las trochas y rutas de movilidad. Entre los mecanismos de control, se identifican las restricciones para que las personas realicen, en horas de la noche, actividades como la pesca y caza, con las cuales garantizan la seguridad alimentaria de sus familias y la comunidad.
Esa presión la cometen también en las vías fluviales por el río Vaupés, en donde exigen el pago de extorsiones a los transportadores de mercancías. Esta situación viene afectando a la población de los cascos urbanos desde comienzos del año 2022, que se expresa en el desabastecimiento en los productos de primera necesidad y el incremento de los precios, porque los comerciantes han optado en traerlos vía aérea.
El Defensor del Pueblo le pidió a las autoridades tomar acciones ante el riesgo que también corren los excombatientes de las Farc, debido a amenazas en contra de su vida y la de sus familias, así como de los comuneros indígenas de las comunidades que frecuentan las disidencias y en sus respectivos corredores de movilidad.
“Con la Alerta Temprana 024-2022 impulsamos la acción preventiva del Estado, en términos de disuasión y mitigación de los factores de amenaza y vulnerabilidad que posibilitan tal escenario de riesgo y del fortalecimiento de la institucionalidad estatal y comunitaria para la protección de las comunidades indígenas de Mitú, Carurú y sus territorios colectivos. Urge implementar acciones que pueden reducir el grado de vulnerabilidad de las comunidades y grupos étnicos expuestos ante el avance de los avatares violentos del conflicto armado”, puntualizó Carlos Camargo.
