La Defensoría del Pueblo reclamó desde Necoclí, Antioquia, que los gobiernos de la Región, garanticen los derechos humanos de los migrantes.
“A los migrantes no les pueden poner muros ni imponer barreras, les deben garantizar sus derechos humanos. La migración debe cumplir con tres principios fundamentales: que sea segura, que sea ordenada y que sea regular, todo ello en condiciones de dignidad humana”, enfatizó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al verificar de primera mano la situación actual de la población migrante, en particular, lo que está sucediendo con las familias que viven en las calles y no cuentan con recursos para continuar su travesía.
En la visita, el Defensor del Pueblo encontró que los migrantes, principalmente venezolanos, no cuentan con recursos económicos para cruzar la frontera, por lo que se registra un aumento de esta población en habitabilidad de calle en municipios como Apartadó, Chigorodó, Carepa, Turbo y Necoclí.
“En el recorrido que hicimos, pudimos verificar las condiciones en que viven estas personas. No tienen atención en salud, alimentación adecuada, acceso al agua potable, viven a la intemperie, por eso hago un llamado a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías respectivas para que establezcan planes de acción inmediata que permitan atender a los migrantes, adecúen albergues, realicen jornadas de atención en salud”, recalcó el Defensor del Pueblo.
Además, le solicita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) priorizar e intensificar la atención para niñas, niños y adolescentes migrantes, de manera especial, a los menores de edad que viajan sin acompañantes.
También le solicita al Gobierno Nacional implementar un sistema de caracterización de la población migrante; además, que agilice la apertura del Centro de Atención Fronterizo (CAF) en el municipio de Necoclí, el cual permitirá articular las respuestas institucional y humanitaria en atención y garantía de derechos para la población migrante.
El llamado lo hace Camargo Assis luego de que el Gobierno panameño anunciara, el pasado 8 de septiembre, la implementación de nuevas medidas migratorias, como deportaciones de personas con antecedentes penales, cambios en los lugares de atención a los migrantes, entre otras.
Entre el primero de enero de este año y a la fecha han cruzado desde Colombia hasta Panamá, por la frontera selvática del Darién, poco más de 380.000 migrantes, personas susceptibles a la condición de refugio y con necesidades de protección internacional. De ellos, el 59% son venezolanos; el 13%, ecuatorianos; el 11%, haitianos; el 3%, colombianos; los restantes, personas de variadas naciones.
