El fin de semana pasado, el frente de guerra Occidental del ELN declaró un «paro armado» en el departamento del Chocó, a pesar del cese de hostilidades ordenado por el Comando Central, “a partir de las 00 horas del 6 de julio”, en cumplimiento con el acuerdo firmado por las delegaciones el pasado 9 de junio, en La Habana, Cuba, tras el cierre del tercer ciclo de diálogos.
El anuncio del «paro armado», realizado por alias ‘Gerson’, cabecilla del ELN, ha dejado a 52 comunidades confinadas, incluyendo 41 comunidades afrodescendientes y 11 comunidades indígenas. Estas comunidades temen transitar por vías terrestres y fluviales, ya que circuló un audio en el que se advertía a los habitantes y transportadores que debían abstenerse de circular en territorios como San Juan, Nóvita, Sipí, Cajón e Istmina mientras esté vigente dicha orden. Esta situación ha agudizado la crisis, ya que las comunidades del sur del departamento no tienen acceso a alimentos.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo en el departamento de Risaralda se encuentra en alerta, ya que existe la posibilidad de que se reinicie la perturbación a los habitantes y transportadores que van y vienen del departamento del Chocó hacia Risaralda y viceversa.
Fustel Antonio Manyoma Gil, defensor del Pueblo para RisaraldaFoto: suministrada
“Por supuesto, el tema de movilidad que es lo que más nos preocupa. Con las personas que viven en esta frontera y que a diario utilizan este medio de transporte terrestre, que sus vehículos sean incinerados como ha estado ocurriendo en los últimos meses”, expresó Fustel Antonio Manyoma Gil, defensor del Pueblo para Risaralda.
Recordemos que, el pasado mes de mayo, hombres armados del frente ‘Cacique Calarcá’ se atribuyeron la quema de tres buses intermunicipales de la empresa de transporte Flota Occidental en la vía que comunica a los departamentos de Risaralda y Chocó.
Asimismo, la defensoría se encuentra en alerta por la posibilidad de desplazamiento de las personas que viven en Mistrató, cerca de la frontera entre los departamentos de Chocó y Antioquia, en San Antonio del Chami y las veredas del Alto San Juan, tras el quinto paro armado que afecta a los habitantes del occidente del país.
Por esta razón, se han realizado varias reuniones para prever las posibles consecuencias y el desplazamiento de un gran número de familias del alto Andágueda de Bagadó y toda la zona limítrofe con el departamento del Chocó.
Según el Defensor del Pueblo para Risaralda, existe la posibilidad de que: “Más de 300 personas, habitantes del Alto Andágueda en el departamento del Chocó, se puedan desplazar hacia la ciudad de Pereira”.
Ante esta afirmación, El Diario contacto al secretario de Gobierno del departamento de Risaralda, Israel Londoño, para conocer las acciones por parte de la gobernación. No obstante, el secretario de gobierno afirmó que el paro armado en el departamento del Chocó, “no está confirmado”, ya que líderes indígenas de la región manifestaron ayer en una reunión que solo eran especulaciones.
Sin embargo, el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, confirmó que cinco municipios de su departamento se encuentran confinados debido a la presencia del bloque noroccidental del ELN en la zona. Además, el gobernador expresó su preocupación por la confrontación existente entre el ELN y el Clan del Golfo en el departamento, lo que genera incertidumbre sobre lo que pueda suceder.
De hecho, el mandatario recordó, que en los últimos días ha habido desplazamientos en algunos municipios por cuenta de enfrentamientos entre estructuras de ambos grupos armados ilegales. “No sabemos si van a seguir en ese enfrentamiento porque esos son los que mantienen a la población en medio del fuego cruzado”, puntualizó.
Ante esta situación, Ariel Palacios solicitó al presidente Gustavo Petro hacer frente a la situación y manifestó su preocupación por las dificultades para el desplazamiento de los funcionarios de la Registraduría Nacional, quienes pretenden realizar inscripción de cédulas en los municipios afectados, con miras a las elecciones regionales del 29 de octubre.
La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que, debido al paro armado indefinido en el Chocó, los funcionarios vinculados a las Registradurías municipales de Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan, Río Iró y Litoral de San Juan no han podido acceder a los puestos de votación en áreas rurales para iniciar el proceso de inscripción de cédulas, que debía comenzar el 5 de julio. Esto afecta a 42 corregimientos en esos municipios, aunque podría extenderse a 62 puestos de votación en la zona rural de la región.
Frente a esto, la MOE recomendó tomar las acciones necesarias para garantizar el desplazamiento de los funcionarios electorales y establecer planes que permitan disponer de espacios seguros para el desarrollo de las actividades electorales.
Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció que el Gobierno Nacional está teniendo dificultades para garantizar el cumplimiento del cese de hostilidades, y afirmó que se encuentran acompañando a las comunidades de Sipí, en el Chocó, que están viviendo una situación de desplazamiento y confrontaciones armadas entre el ELN y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
