Los exgobernadores de La Guajira, Weidler Antonio Guerra Curvelo y Delay Magdaniel en el año 2017 vincularon a profesionales del derecho mediante 84 contratos, pese a que el departamento de La Guajira desde hace muchos años tiene los índices de pobreza más altos por lo que se debe ser muy responsable a la hora de invertir el recurso que percibe, así lo advierte Jeison Mario Bermúdez Benjumea, quien los denunció ante la Procuraduría.
Se cree que para dicha contratación se debe realizar un estudio que conlleve a tener en cuenta los principios de economía, planeación y responsabilidad. De esos contratos, 32 habrían sido firmados por Delay Magdaniel mientras que Guerra Curvelo al parecer rubricó 52, los cuales tienen objetivos similares y podría tomarse como nómina paralela por un valor de 1.356 millones 529 mil 999 pesos.
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Adicionalmente, según la denuncia, en el despacho de la Marina se realizaron otros contratos con la empresa Provigestion, también contrataron judicantes y, además, se suscribieron dos contratos con la misma persona en donde la mensualidad se incrementó injustificablemente. Finalmente, en el proceso de contratación de prestación de servicio se elaboraron más de 400 contratos.
Esas decisiones aparentemente, contrarias a las necesidades del pueblo guajiro, hizo que fueran denunciadas ante la procuraduría delegada para la Contratación Estatal, María Consuelo Cruz Mesa por, Jeison Mario Bermúdez Benjumea, contador público y con vasta experiencia en administración pública.
«Hemos realizado un análisis puntual en materia de contratación directa y encontramos algunas inquietudes en las mismas que denotan una supuesta falta de planeación y como esta tiene fuerza vinculante en todo lo relacionado con el contrato del Estado«, precisa Bermúdez Benjumea.
Recuerda Jeison Mario que, la Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario o Ley 734 de 2002.
También dice el denunciante que, es tan fuerte dicha crisis que la comisión interamericana de derechos humanos que adoptó medidas cautelares en donde le solicita a Colombia que tome acciones para preservar la vida y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, de los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y del Distrito de Riohacha y el gobernador de la época poca atención le prestó a esta situación, siendo incluso que Guerra Cúrvelo es de su propia etnia.
Precisa Bermúdez Benjumea que su denuncia se enmarca en el informe que dejó el exgobernador Jorge Enrique Vélez García que sin ser de La Guajira tuvo las ganas de que las cosas mejoraran desde lo social, lo económico, administrativo, al igual que las recomendaciones para la atención integral al pueblo wayuu.
Sin embargo, dicho informe no ha sido tenido en cuenta por ningún mandatario «la verdad fue la primera persona que dijo: el departamento a través de los gobernadores ha estado actuando contrario a las necesidades de la población, pero llega Guerra Curvelo y no tiene en cuenta las recomendaciones de Vélez García y por eso me vi obligado como guajiro a denunciar esas presuntas irregularidades«.
Los contratos fueron rubricados desde el mes de enero a octubre del año 2017; encontrándose a Kevin Felipe Gómez Hernández quien recibió un recurso mínimo de tres millones de pesos y un máximo hasta de 36 millones de pesos pagado a Margith Vanesa Murgas Rodríguez.
En diálogo con el exgobernador Delay Magdaniel, precisó que en su corta administración se realizaron actos administrativos que ameritaban, porque hacían parte de la dinámica gubernamental para funcionar sin mayores dificultades.
Por su parte, el exmandatario Weidler Antonio Guerra Curvelo indicó, «fue un número importante de abogados en la oficina jurídica, dado que el Departamento tenia demandas por casi 180 mil millones de pesos, procesos que venían de años atrás en la oficina de contratación, en Asuntos Indígenas en el grupo móvil de gestión de conflictos que manejaba todo tipo de conflictos de La Guajira«.
También manifestó que se debió contratar para atender temas «en transporte, luchas sindicales, secretaría de Gobierno, en Obras, Vivienda, para que pudieran atender todos los aspectos legales propios de la contratación o proyectos que tienen su aspecto legal y justamente para evitar que llegaran a jurídica a responder todos esos procesos y era mejor llevarlos afinados y bien perfilados para que pudieran ser más eficientes«.
