Reitero lo que he venido exponiendo a lo largo de mi carrera política, en los diferentes escenarios en los que intervengo sobre la situación del país, su presente y futuro, que pasa por el modelo de Estado centralista, presidencialista y que hizo trizas la teoría de pesos y contrapesos, que mantenía cierta independencia y fortaleza institucional de los poderes públicos en Colombia.
Y es que las regiones que sufren de la esperanza sembrada y no cumplida, de las letras vigorosas en la constitución, pero moribundas en la realidad, son las únicas perjudicadas de ese modelo centralista, poco eficiente e inequitativo. Gobernar desde lúgubres escritorios bogotanos, impartiendo y repartiendo normatividad y presupuesto, refleja la clara incoherencia de la razón administrativa y económica, pero también la incapacidad de conectarse con la realidad que viven los colombianos, sobre todo aquellos de regiones más apartadas y alejadas.
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La situación para los departamentos y municipios se agrava en la medida que como lo acota el ex Constituyente Carlos Rodado Noriega “nuestros niveles intermedios de gobierno son débiles viven de rentas decadentes, las frecuentes reformas tributarias que se aprueban en el congreso solo se ocupan del fortalecimiento de los tributos que recauda la nación y poca o ninguna atención se les brinda a los tributos de los entes subnacionales”. En efecto desde la ley 49 de 1990 hasta la ley 2009 de 2019 se han aprobado 17 reformas tributarias y todas, absolutamente todas para arbitrarle recursos a la nación y ninguna para arbitrarle recursos a las entidades territoriales, lo cual ha redundado en un debilitamiento de las finanzas territoriales, de allí que de cada $100 que se recaudan por concepto de impuestos, $83.5 van para la nación, mientras que a los municipios y departamentos solo van $11.9 y $4.6 respectivamente, lo que hace urgente atender las recomendaciones de la comisión de expertos creada al Amparo de la ley 1943 de 2018 para el fortalecimiento de los fiscos. Somos un Estado doble moral o de moral acomodaticia, esa que habla de igualdad, pero no la práctica, de equidad, pero no la impone.
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Llego la hora de discutir y decidir sobre ese modelo administrativo y territorial que tenemos, esa discusión debe contener un amplio debate sobre la utilización y distribución de los recursos públicos, unos hablan de un modelo federalista, otros de regiones o autonómico, pero todos bajo la egida figura de la descentralización; la que propongo que contenga un equilibrio entre la autonomía de las regiones y la unidad del país, además que sea gradual y equitativa, que tenga en cuenta la heterogeneidad del país y la asimetría de las regiones.
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