La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) explicó, este miércoles 22 de enero, que los pagos adeudados por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), tasados por más de un billón de pesos, a los contratistas tienen en jaque a 57 proyectos de infraestructura vial del país impulsados por el Gobierno Nacional.
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El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, en medio de una rueda de prensa, aseguró que la agremiación «ha recibido, en los últimos meses, un sinnúmero de alertas por parte de firmas constructoras y consultoras de obra pública relativas a las dificultades financieras derivadas de las actas radicadas» ante el Invías.
También mencionó que «si bien es cierto que el Gobierno Nacional avanza en la búsqueda de soluciones que permitan honrar el pago de estos recursos adeudados, (…) desafortunadamente, debemos reiterar que, a la fecha, las cuentas a pagar reflejadas en más de 5.700 actas superan el billón de pesos«.
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Reiteró que esta deuda afecta a 57 proyectos declarados como de importancia estratégica nacional, entre las cuales se destaca la Transversal del Catatumbo, la variante San Francisco – Mocoa, la Conexión Alta Guajira, la Transversal Momposina o la Transversal de Boyacá.
Vías a cargo del Invías
Invías
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«Todas estas obras son, justamente, las que resultan las más sensibles para este Gobierno, pues se concentran en regiones que requieren de una importante inversión pública y se constituyen en una valiosa oportunidad para la generación de 336.000 empleos directos, indirectos e inducidos«, aseguró Caicedo.
En total, el valor de inversión de todos los proyectos de infraestructura vial afectados asciende a los 13 billones de pesos, según cifras de la misma CCI, y todas estas fueron aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno.
Preocupación por presupuesto de Invías
Caicedo también hizo mención de la situación presupuestal para inversión del Invías, que, según mencionó, solo corresponde al 38,7% del Presupuesto General de la Nación de esta año, basándose en cifras del Ministerio de Hacienda a corte del 30 de noviembre del año pasado.
Según explicó, esta cifra no tiene precedente «en la historia reciente y solo comparable con lo sucedido en el 2020, cuando fue declarada la emergencia económica, social y ambiental por la pandemia de covid-19«.
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Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
Archivo particular
Ante esto, hizo mención de la solución propuesta por el MinHacienda, que consta de la realización de pagos mensuales que «amortizarían» la deuda acumulada. De acuerdo con el presidente de la CCI, esta «necesariamente causará una parálisis de la obra pública, en la medida en que no habría ejecución física de obra en el primer semestre del 2025«, argumentando que esto se produciría dado que no contaría con los recursos inmediatos para su correspondiente pago.
Menciona que, de no resolverse de esta manera, «y en términos inmediatos«, esta situación, generaría, además de la parálisis de las obras viales, sino que también podría llevar a la quiebra «a las pequeñas y medianas empresas» del sector involucradas en los proyectos.
También advirtió que podría «generar efectos negativos sobre la productividad y en el crecimiento económico» del país, sin dejar de lado que «esta ruptura en la conmutatividad de los contratos como consecuencia de los incumplimientos (…) conlleva la necesaria indemnización a los contratistas por los perjuicios ocasionados, daños emergentes y no procesados«.
Efectos colaterales
La situación de endeudamiento de Invías, según Juan Martín Caicedo, además de afectar a los contratistas de los 57 proyectos de infraestructura vial en cuestión, también podría generar «responsabilidades personales«, en los funcionarios públicos involucrados, ante un riesgo de detrimento patrimonial.
«Resulta perentorio resolver la problemática evidenciada en 1.100 cuentas por cerca de 100.000 millones de pesos y cuyos recursos estaban contabilizados en la reserva presupuestal de la vigencia 2023«, dijo el presidente de la CCI.
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Y agregó: «Teniendo en cuenta que estos no fueron obligados en diciembre de 2024, en la vigencia fiscal de 2025, pasaron a ser vigencias expiradas; situación que agrava, en grado sumo, el flujo de caja de los contratistas y constructores de obra pública«.
Vías a cargo del Invías
Invías
Caicedo mencionó que ahora el Invías tendrá que cubrir el monto de la vigencia expirada con los recursos asignados a la entidad en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de este año, y que habrá un «abrazamiento» de estos recursos a raíz del déficit fiscal del PGN anunciado por el mismo Gobierno Nacional desde el año pasado.
El presidente de la CCI finalizó haciendo «un llamado urgente al Gobierno Nacional a que se adopte un plan de choque para el pago inmediato de lo adecuado con corte al 31 de diciembre de 2024 y se garantice el flujo de caja para las obras que se ejecuten en la presente vigencia (…) con el fin de evitar los impactos negativos sobre la buena ejecución de los proyectos de obra pública a cargo del Invías, especialmente en aquellas regiones más apartadas del país y cuyas comunidades son las primeras beneficiadas«.
Al cierre de la rueda de prensa, Caicedo mencionó que todas estas anotaciones se le hicieron llegar con anterioridad a los despachos de la saliente ministra de Transporte, María Constanza García, y al del actual ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara, así como al del director del Invías, Juan Carlos Montenegro.
Los proyectos en cuestión
En el caso de las llamadas Vías para la Legalidad, el proyecto con mayor inversión comprometido con esta deuda es el de la Variante San Francisco – Mocoa Sector 3, con $566.890 millones. También se destacan otros frentes de obra como Conexión Alta Guajira ($294.984 millones); Ruta de los Comuneros ($557.368 millones): Transversal del Catatumbo ($305.728 millones) o la Ruta Libertadora ($370.248 millones).
En el caso de las obras de Reactivación 2.0, el frente de obra con más inversión es Puerto Gaitán – Puente Arimena, Juripe – Puerto Carreño, con $473.776 millones. Se resaltan también Villagarzón – San José del Fragua y Puente sobre el río Caquetá ($338.367 millones); la Doble Calzada Montenegro – Cartago ($295.447 millones); las Vías del Renacimiento La Dorada – La Unión – Sonsón ($215.000 millones) y Palermo – Salamina – Plato ($359.000 millones)
JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA
Periodista de Portafolio
