La Seccional Putumayo de la Fiscalía General de la Nación logró que dos hombres presuntamente, implicados en agresiones sexuales fueran enviados a prisión.
Entre los investigados está Cristian Camilo Carvajal Velasco quien el 9 de octubre de 2022, al parecer, agredió sexualmente a una mujer con la que había estado departiendo. Los hechos se presentaron cuando la víctima intentaba ingresar a su vivienda, en el barrio Sinaí de Puerto Asís (Putumayo).
La evidencia física determinó que el procesado, presumiblemente, rasgó las prendas de vestir de la mujer y la sometió a múltiples vejámenes. A la primera oportunidad la afectada logró huir y fue auxiliada por una vecina.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de Policía Nacional capturaron por orden judicial al hombre en el barrio Las Américas de dicho municipio. Durante las audiencias concentradas la Fiscalía imputó a Carvajal Velasco como posible responsable del delito de acceso carnal violento.
El segundo caso implicaría a Gerardo Marino Rodríguez Morán, presuntamente responsable de haber incurrido en maltratos físicos y verbales contra su compañera sentimental. Agresiones cometidas entre octubre de 2022 y enero de 2023.
La Fiscalía cuenta con información que evidenciaría que el pasado 31 de diciembre Rodríguez Morán habría obligado a la mujer a sostener relaciones sexuales cuando se encontraban su vivienda, ubicada en el Valle del Guamuez (Putumayo).
Por estos hechos, denunciados por la víctima, el procesado fue capturado por integrantes de la Sijin. La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar.
La Fiscalía habla con resultados.
LMGM/MAGA/OJPG/DSP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
