En la imagen principal, el exfiscal de la Seccional Medellín que fue condenado. En la foto de detalle, los exempleados del Juzgado de Bello que fueron sentenciados.
La Línea Anticorrupción 157 se lanzó el pasado 21 de enero y hasta la fecha los investigadores han recibido 3.166 llamadas para denunciar de presuntos hechos ilegales. De estos, 47 procesos pasaron a etapa de verificación de elementos materiales probatorios. Además, 19 ya tienen procesos aperturados, es decir, que próximamente pueden llevar a judicialización de los sospechosos.
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«Una persona experta en delitos contra la administración pública, un investigador que tiene conocimientos de la ley 906 y de la ley 599, va a guiar al denunciante para la recolección de los elementos materiales probatorios. También hay algo muy importante con la Línea 157: que el ciudadano puede denunciar de manera anónima», explicó el coronel Jorge Alexánder Mora Cortés, jefe del Área Investigativa Anticorrupción de la Policía.
Encaminar las investigaciones por medio de la Línea Anticorrupción 157
El anonimato busca generar confianza en los denunciantes. El objetivo es que se aporten pruebas que sirvan para encaminar las investigaciones. El departamento de donde más denuncias se han recibido ha sido Bolívar, le siguen Cundinamarca, Valle del Cauca y, en cuarto lugar, Antioquia. La mayor parte de las denuncias son sobre irregularidades en contratación estatal.
«Antioquia es una de las regiones donde más se denuncian actos de corrupción. Actualmente un 20 % de estas denuncias están siendo atendidas en este territorio colombiano», añadió el oficial. «Uno de los elementos más importantes son los documentos, que nos permiten analizar, verificar y soportarnos en plataformas como el Secop II, para establecer que ese contrato sí existe», agregó.
Otros elementos materiales probatorios como fotografías y audios también son de suma importancia para los investigadores de la Dijín de la Policía Nacional. La Línea Anticorrupción 157 opera en todo el territorio colombiano y recepciona denuncias las 24 horas del día.
Un fiscal que pidió dinero por agilizar el proceso
Una de las investigaciones que llegó a buen término en Antioquia fue la que se hizo en contra del fiscal 243 local adscrito a la Unidad de Intervención Temprana de la Seccional de Fiscalías Medellín, Nicolás Darío Sánchez Rodríguez. El exfuncionario público fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión por los delitos de concusión, prevaricato por acción y por omisión.
En el documento de sentencia, emitido por el Tribunal Superior de Medellín en marzo de 2024, se describe: «El 6 de mayo de 2023 le solicitó dinero al denunciante a cambio de tramitar la denuncia penal instaurada el 4 de mayo de 2023 por estafa. El funcionario le mostró al denunciante un arrume de carpetas, encontrándose en último turno la suya. Le pidió $ 3.000.000 para ‘sacar ese proceso de una y dar con esa gente rápido’, refiriéndose a las personas que lo habían estafado».
Una red corrupta en un juzgado de Bello
Otro de los hechos de corrupción destacados en el departamento lo protagonizó el entramado presidido por quien fuera juez Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bello, Jairo de Jesús Giraldo Naranjo. A él lo sentenciaron a 7 años y 1 mes por concierto para delinquir y prevaricato por acción. En el proceso también fueron condenados el oficial mayor del juzgado, Víctor Hugo Arbeláez Gómez; el secretario del despacho, Sebastián Jiménez Ruiz; el citador del Centro de Servicios Judiciales, Luis Bernardo Navales Rodríguez, y el civil Juan Sebastián Montoya Cardona.
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«La organización delictiva inició en el mes de enero de 2020 y se prolongó hasta noviembre de 2022. Tramitaba, de manera ilegal, acciones de tutela, procesos de pertenencia y procesos verbales. Exigían a los interesados el pago de sumas de dinero que se distribuían entre los concertados, asegurándoles resultados positivos en esos procesos», se reseña en el documento de condena.
En 2024, las investigaciones del Área Investigativa Anticorrupción de la Policía permitieron la captura de 254 personas. Fueron detenidas por delitos como concusión, cohecho, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos.
