El gobierno del presidente Guillermo Lasso, del vecino país de Ecuador, ya registra 11 días de férreas protestas indigenistas que reclaman por alivios en el costo de vida, entre esos, una reducción de los precios de los combustibles.
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Los indígenas señalan que están cosechando a pérdidas en una economía dolarizada, con el incremento de la gasolina y el diésel a raíz del ciclo inflacionario global se encarecieron los costos de los fletes.
“Los costos de los químicos están tan elevados que los agricultores tenemos que trabajar a pérdida”, resume la indígena Zamora reseñada por la agencia AFP.
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Este descontento social de la población indígena no es reciente, si no que empieza a gestarse desde el anterior mandato de Lenín Moreno. “Desde el 2017 hay un descontento social que tiene que ver con el giro de política que ha adoptado el país y, en mayor lugar, la implementación de políticas con un mayor corte ‘neoliberal’. Esto ha significado una mayor desinversión en servicios públicos, un debilitamiento del sistema de protección y una precarización que se ha exacerbado con la crisis del covid-19”, explicó a Portafolio, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), seccional Ecuador.
Las manifestaciones en contra del actual gobierno del empresario Guillermo Lasso son lideradas por Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida por sus siglas de Conaie, quienes presentan un documento con 10 propuestas.
Entre estas sugerencias están la subida de precios del combustible o de alimentos de la canasta básica; una mayor protección de bienes públicos; fortalecimiento de la educación y la salud pública, la privatización de sectores claves o la renegociación de deuda con los bancos prestamistas.
De acuerdo con la agencia AFP que cita cifras oficiales, reducir los precios del combustible como piden los indígenas le costaría al Estado ecuatoriano más de US$1.000 millones al año en subsidios. Esto lo considera Lasso como “inviable”.
En un intento fallido por controlar los ánimos, el Gobierno del presidente Lasso ordenó un estado de excepción para seis provincias y la detención de Leonidas Iza, el principal líder indígena que encabeza las manifestaciones.
“Esto sin duda radicalizó a los manifestantes (…) Sin embargo, el gobierno Lasso ha ido cediendo en algunas de estas propuestas con el objetivo de ver si se calman los ánimos”, apuntó por su parte el politólogo y consultor Juan Federico Pino.
En ese sentido, el Gobierno ha anunciado medidas como aumentar los bonos para el 30% de la población más pobre, de US$50 a US$55 y condonó deudas de hasta US$3.000 con un banco estatal para agricultores y campesinos, de acuerdo con las cifras oficiales.
Desde el pasado 13 de junio, las manifestaciones han dejado un saldo de tres muertos, 92 heridos y 94 detenidos, de acuerdo con cifras de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. En las marchas del 2019, el saldo fue de 11 muertos y más de 1.000 heridos en todo el país, así como pérdidas por US$800 millones.
LA SOLUCIÓN A LA CRISIS
La comisión indigenista está pidiendo “condiciones mínimas” para poder iniciar un diálogo. Entre esas, la liberación de lugares emblemáticos como la Casa de la Cultura, algo que finalmente ocurrió en la tarde de este jueves. Pese a esto, para Herrera, “da la impresión de que ambas partes no quieren ceder”.
Ambos analistas tienen entre sus futuros escenarios que se produzca la muerte cruzada, un mecanismo de la Constitución ecuatoriana en el que, entre otros escenarios, en momentos de inestabilidad política y social, el presidente renuncie con la Asamblea.
ROBERTO CASAS LUGO
PORTAFOLIO
