La reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP), la cual busca elevar de 23,8 a 39,5 por ciento los ingresos que el Gobierno Central le gira año a año a las regiones durante los próximos 12 años a partir del 2027, ha puesto sobre la mesa el debate de si los alcaldes y gobernadores deberían tener una mayor autonomía financiera y administrativa y de si esta es fiscalmente sostenible o no.
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