Foto portada: Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Un fallo de tutela emitido en febrero de este año por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio podría poner fin a un problema que lleva décadas sin resolver. La decisión judicial ordena a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) clarificar los linderos de los Resguardos Únuma, Saracure Rio Cadá y los predios ocupados por los campesinos en la Reserva Campesina constituida en 1993 por el Incora (hoy ANT).
En 1993 el Incora profirió la Resolución 149, mediante la cual se sustrajeron del Régimen de Reserva Indígena 352.800 hectáreas mediante un acuerdo de voluntades entre indígenas y campesinos, para viabilizar la adjudicación directa de estos baldíos y garantizar el acceso a tierras de las comunidades campesinas. Sin embargo, 28 años después no existe “un avance significativo de los procesos de adjudicación; lo cual constituye una clara violación de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y de acceso a la propiedad sobre la tierra de las familias campesinas”, dijo la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (organización que coadyudó en la presentación de la demanda), en un boletín de prensa emitido el 15 de febrero de 2022.
La Reserva Campesina cuenta con 352.800 hectáreas y está situada entre las inspecciones de Puerto Príncipe, Güerima y Chupave (sector que hoy se conoce como el triángulo del cacao). Según Rangel Martínez, representante legal de la Asociación de Colonos del Alto Vichada ASOCOAVI, cuando se constituyó la Reserva habían cerca de 600 familias habitando la zona, pero en 2020, luego de una actualización catastral realizada en el Municipio de Cumaribo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) “reportó 750 familias en las tres inspecciones”, indicó Martínez. “Como asociación campesina venimos haciendo un trabajo finca a finca, vereda a vereda y estamos en el cálculo de unas 900 familias dentro de las tres inspecciones. (El censo hecho por la asociación estaría disponible en octubre de este año)”.
Pero, la actualización catastral del IGAC les dejó un problema aún mayor, según el líder social, porque en el plano que hicieron dejaron “280 fincas dentro del resguardo de Saracure Río Cadá. Eso nos dio mucho problema porque los indígenas se envalentonaron porque manifestaban que el IGAC decía que eso era de ellos, pero eso es falso”.
Según el representante de ASOCOAVI, en una reunión realizada el pasado 20 de agosto en Puerto Príncipe, en la que participaron la ANT, la Alcaldía de Cumaribo, la Gobernación de Vichada y el Ministerio del Interior, desde la Agencia Nacional de Tierras les dijeron que “legalmente esa tierra” era de ellos y que “ningún resguardo se puede ampliar hacia el sector campesino porque esa tierra fue sustraída de la Reserva Únuma con el fin exclusivamente de entregársela a los campesinos”.
Como la actualización del IGAC generó confusión entre los indígenas, quienes ahora reclaman que existen fincas de campesinos dentro de sus resguardos (los campesinos dicen que no), la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio busca que se clarifiquen los linderos, para que con certeza se sepa hasta dónde llegan los resguardos y en dónde empieza la Reserva Campesina.
“No tenemos el alinderamiento visible”, indicó Martínez. “Necesitamos ir a tomar los mojones para que cada uno sepa realmente hasta dónde va su terreno. Aunque en el plano que levantó el IGAC dejaron algunas fincas dentro del resguardo, tenemos la certeza de que no es así”, manifestó.
Lo que alegaron los campesinos en la tutela es que “no disponen de otra herramienta jurídica eficaz para determinar los predios a que pueden acceder por adjudicación, por no tener certeza de las zonas que comprende la Resolución 149 de 1993 del Incora y sus límites con los resguardos indígenas”.
Lograr la titulación
Rangel Martínez nació en 1971 en la finca que su papá había fundado en 1960 en ese sector del sur occidente de Cumaribo. “Mi padre murió en el año 87, tenía la esperanza de poder dejarnos un título de esa tierra y no pudo”, relató.
Hoy están más cerca de lograrlo. “Se siente satisfacción de que el trabajo colectivo, que el trabajo de la asociación no es en vano, es un trabajo de lucha por reclamar nuestros derechos”, manifestó el líder social.
En la actualidad, según Martínez, de las más de 350 mil hectáreas de la Reserva, solo unas 2.000 están tituladas. “En total en la zona hay 11 o 12 títulos entregados por Incoder, no hay más”, explicó. Las demás familias no han logrado iniciar el proceso de titulación por la falta de claridad real frente a los límites de la Reserva y los resguardos indígenas.
La Corporación Claretiana detalló que hasta el año 2005 el municipio de Cumaribo fue el primer cultivador de coca en Colombia. “Tras el Acuerdo Final de Paz, las familias campesinas se acogieron voluntariamente a los Programas de Sustitución. Con la decisión de este fallo de tutela esperan acceder finalmente a la tierra de manera formal y definitiva para contar con mayores garantías en la protección y manejo comunitario de las selvas de transición de Cumaribo”.
Qué dicen los indígenas
Para César Rodríguez, el secretario de la Mesa Permanente de Concertación de Vichada, esos son predios que milenariamente les han pertenecido a los pueblos indígenas, pero reconoce el proceso de sana posesión que ha tenido la población campesina.
“En las inspecciones de Príncipe, Güerima y Chupave, cuando era la bonanza de la coca, ellos comenzaron a fundar (los campesinos) al lado de los ríos Chupave, Uva y otros. En sentido general, todos son vecinos y todos comparten su territorio ancestralmente o territorio que está en posesión por tradición en el caso de los campesinos. Ellos (los campesinos), por vivir mucho tiempo ahí también tienen derecho”, dijo el líder indígena a EL MORICHAL.
Rodríguez precisó que es necesario tener claridad frente a los linderos porque, de ninguna manera, se pueden titular a terceros predios que estén dentro de los resguardos. “Si lo que dice la Ley, de que el resguardo ha sido titulado pero que algunos predios de los compañeros que no son indígenas están dentro de los resguardos, prácticamente deben negociar entre el dueño de la tierra y la autoridad indígena para que el Gobierno nacional a través de la Agencia de Tierras pueda reconocer el derecho de la posesión y reconocer las mejoras, para que la persona pueda ceder y entregar esa tierra a los indígenas”.
El líder indígena recalcó que, “si hay dos o tres (fincas), tendría la ANT que negociar para que pueda comprar las mejoras y que las personas puedan determinar su salida del predio”.
Y agregó: Si hay una finca que colinda con los resguardos, debe reconocerse el titulamiento porque simplemente son vecinos. Con lo que sí no estoy de acuerdo es que el Gobierno se haga el sordo y termine titulando dentro de un resguardo, ahí sí complicado, porque está violando los derechos de la autodeterminación”.
El plazo que el Tribunal le dio a la Agencia Nacional de Tierras para adelantar el proceso de alinderamiento entre la Reserva Campesina y los resguardos indígenas, va hasta febrero de 2023.
