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miércoles, octubre 28, 2020

'El Gobierno siempre ha sido respetuoso de las decisiones judiciales'

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El nuevo Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, fija sus prioridades para este año y habla del regreso de la aspersión aérea y la reglamentación de la cadena perpetua para los violadores. Dice que el gobierno acata los fallos judiciales.

¿Con qué ideas o planes llega al Ministerio?

El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene muchos compromisos en la adopción, coordinación y ejecución de las políticas públicas relacionadas con el sector de la justicia, al igual que la prevención, control y lucha contra la criminalidad. Para cumplir ese propósito, mi compromiso es trabajar para consolidar las políticas del Gobierno Nacional en busca de una justicia que atienda las necesidades de los colombianos.
En ese sentido estaremos trabajando para fortalecer el sistema penitenciario y carcelario, establecer las bases para una adecuada oferta de justicia a nivel local y rural, garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, apoyar el proyecto de modernización de la administración de justicia que contempla el expediente digital y en general el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y brindar las condiciones necesaria para que haya seguridad jurídica mediante el robustecimiento del poder judicial.

Si bien por las medidas transitorias para frenar la covid-19 el hacinamiento se ha reducido sustancialmente, pero persisten ese y otros problemas, ¿cómo va a enfrentar el tema de la crisis carcelaria?

Son varios los frentes que se deben atender para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad. Seguiremos trabajando para reducir los índices de hacinamiento de los establecimientos de reclusión y una de mis tareas será buscar soluciones para habilitar centros de detención transitoria que permitan solucionar el problema que se presenta con el hacinamiento en URIS y Estaciones de Policía.

En los centros de reclusión del país ya están en marcha varios proyectos de mantenimiento y adecuación de nuevos cupos y desarrollaré iniciativas para incrementar la infraestructura carcelaria y penitenciaria con la construcción de estructuras rígidas y modulares, con el fin de adecuar espacios con condiciones dignas de subsistencia para las personas privadas de la libertad.
También considero de la mayor importancia establecer quiénes de las personas que están con medidas intramurales, cumplen los requisitos para el otorgamiento de beneficios que se puedan aplicar para imponer medidas alternativas de reclusión.

 En cuanto a investigaciones por temas como la muerte en La Modelo, en marzo de este año, en medio de un motín, ¿cuál es su posición?

Hay que esperar el resultado de las investigaciones que se están adelantando para establecer las condiciones en que ocurrieron estos graves hechos y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Estos casos deben ser esclarecidos, pero habrá que esperar que las autoridades judiciales competentes actúen.

¿Cómo mejorar el control de las personas privadas de su libertad, no solo dentro de las cárceles sino las que están en casa por cárcel, para que no pasen cosas como con uno de los presuntos asesinos de 5 jóvenes en Cali, que tenía domiciliaria, pero está prófugo?

El control de las personas privadas de la libertad que están en detención domiciliaria es una tarea en cabeza del INPEC, pero que también compromete a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y esa labor es acompañada por la Policía Nacional. El instrumento más idóneo para realizar ese control es el dispositivo de vigilancia electrónica, entiendo que estos dispositivos son onerosos y comprometen recursos importantes para su mantenimiento.

Tenemos que trabajar en medidas efectivas para mantener una vigilancia constante de las personas que están en detención domiciliaria, garantizando sus derechos, pero también evitando que violen su condición de privados de la libertad para evitar hechos de reincidencia.

¿Está a favor de acabar con el Inpec, como lo han propuesto varias veces algunos sectores?

Todas las instituciones son susceptibles de ser mejoradas. Estoy recibiendo los informes sobre la gestión de las entidades adscritas al Ministerio y haré una evaluación detenida de esos documentos para sacar conclusiones. Soy partidario de que se revise el funcionamiento del sistema penitenciario, se deben mejorar las condiciones en los centros de reclusión, sobre todo seguir adoptando medidas para superar el problema de hacinamiento.
Hay que estudiar el tema, lo claro es que se debe mejorar la función de control de los centros de reclusión, establecer sistemas de vigilancia idóneos para mayor control de las cárceles y penitenciarias, atender las denuncias de corrupción al interior de estos establecimientos e implementar programas efectivos de resocialización.

Sobre la reforma a la justicia, pendiente desde hace por lo menos 18 años, ¿cómo va a trabajar?

El Gobierno tiene el propósito de promover iniciativas que permitan que la justicia sea eficaz, oportuna y cercana al ciudadano. Se está trabajando en proyectos de naturaleza legal y constitucional.

Frente a la reforma constitucional, se busca modificar aspectos puntuales a través de un proyecto de Acto Legislativo que contiene iniciativas para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, respaldar la transformación digital de la Rama Judicial con el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, adoptar medidas para la descongestión de los despachos judiciales y hacer regulaciones en el gobierno de la Rama Judicial y los procesos de elección de las altas magistraturas.

Igualmente se trabajará en iniciativas de reformas legales para mejorar temas que pueden ser atendidos con proyectos de Ley Estatutaria y leyes ordinarias.

En otro tema, ¿Cómo va la presentación de la Ley estatutaria que se necesita para reglamentar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, aprobada por el Congreso este año?, ¿ya está listo el proyecto?

El proyecto que reglamenta el Acto Legislativo que suprimió la prohibición de la pena de prisión perpetua se encuentra en etapa de socialización con distintas instituciones. Ya el proyecto fue redactado, con el apoyo de un equipo interdisciplinario conformado por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria y antes de ser presentado se puso en consideración para la participación de las diferentes entidades interesadas.

Este proyecto estará listo para su presentación oportuna y con una reglamentación que ofrezca todas las garantías judiciales que debe ofrecer el estado de derecho.

¿Cree que esas normas van a pasar el control de la Corte Constitucional, una por demandas anunciadas, y la otra por ser estatutaria?

Confiamos en que la Corte Constitucional hará un estudio detallado y juicioso sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo. No me puedo anticipar a la decisión de la Corte, soy muy respetuoso de la administración de justicia y confío en el buen juicio de los magistrados.

 En cuanto al regreso del Glifosato, ¿cómo están trabajando con Minsalud y Mindefensa? ¿ya están listos los protocolos y estudios de riesgos que se necesitan?

Ese es un empeño de este Gobierno, porque entendemos que la aspersión aérea es el método más eficaz para la erradicación de los cultivos ilícitos, sin dejar de lado la erradicación manual y la sustitución de cultivos. Hay que reducir la producción de drogas, un mal que nos ha afectado por décadas.

En cuanto a los protocolos ya se están trabajando, el Gobierno está adelantando los trámites necesarios para cumplir con las órdenes dadas por la Corte Constitucional, que implica adelantar procedimientos judiciales y administrativos. Ya fue presentado un Proyecto de Decreto que desarrolla el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea y fue radicado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la solicitud para la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del programa de erradicación con glifosato.

 ¿Cuándo cree que podrían estar volviendo las aspersiones aéreas?

Esperamos que lo más pronto posible se reanuden las aspersiones aéreas y el Ministerio trabajará con dedicación en ese objetivo.

 ¿Qué opina de la ‘eternización’ de dos magistrados (Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón) de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la que usted hizo parte?

La Constitución Política establece que el periodo de los magistrados de las cortes es de ocho años, permanecer en el cargo más allá de ese periodo es inconstitucional. Con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ocurrió una situación especial, en el control que hizo la Corte Constitucional al Acto Legislativo 02 de 2015, conocido como “equilibrio de poderes”. La Corte declaró exequible la creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que reemplaza a la Sala Disciplinaria y para la conformación de la nueva corporación dio un plazo de un año, preservando durante ese tiempo las funciones de los magistrados de la saliente Sala Disciplinaria, en un periodo de transición, pero las demandas contra los actos administrativos expedidos en el proceso de selección de los funcionarios de la Comisión de Disciplina demoraron ese procedimiento y permitieron la interinidad de algunos magistrados. Esa situación afecta la credibilidad de la institución y afortunadamente ya se reinició el trámite para la selección de los nuevos funcionarios y antes de terminar el año tendremos la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Una de las mayores necesidades de la justicia son más jueces y juzgados, ¿gestionará más presupuesto para la rama judicial para ampliar la planta de jueces?

Sin duda la demanda de justicia se ha incrementado y se requiere fortalecer la planta de la Rama Judicial. Hay que coordinar con el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda para evaluar la disponibilidad presupuestal, al tiempo que se debe optimizar el trabajo de los funcionarios judiciales con la ayuda de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

 Ministro, usted será la cara del Gobierno frente a la rama judicial, ¿Puede garantizar que el Ejecutivo respetará y acatará las decisiones de jueces y magistrados?

El Gobierno siempre ha sido respetuoso de las decisiones judiciales. El ordenamiento jurídico establece los mecanismos legales para controvertir los fallos de los jueces y cuando no se está de acuerdo con una sentencia judicial, el Ejecutivo acude a esas herramientas jurídicas, con apego a las regulaciones normativas. Es un derecho de todos los colombianos hacer uso de los recursos a que haya lugar para controvertir las decisiones judiciales, dentro de ese marco actúa el Gobierno Nacional, respetando y acatando las disposiciones judiciales.

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