“Contratos sin pólizas y sin actas de supervisión”. “Posible detrimento”. “Contratación oneroso”. Estas y otras frases que preocupan sobre la contratación en 2022 en la Universidad Autónoma del Caribe se leen en el último informe que la Inspectora in Situ del Ministerio de Educación, Diana Barrios, elaboró luego de su visita del 13 de junio en la que evidenció que el alma mater no estaba cumpliendo a cabalidad el Manual de Contratación y el Código de Buen Gobierno.
El documento fue revelado por SINTRAUAC tras recibir respuesta a un derecho de petición que presentó ante el Mineducación por los incumplimientos laborales y prestacionales que afectaron a trabajadores y profesores de la entidad universitaria a finales del año pasado.
Nataly Álvarez, presidenta de la organización sindical, calificó como “bastante grave” los hallazgos. Afirmó que “no queremos volver al pasado”, en referencia a la nefasta administración del ex rector Ramsés Vargas Lamadrid, judicializado por los escandalosos hechos de corrupción denunciados en 2017.
El documento de la inspectora, que también firma Hernán Tochoy, funcionario ministerial de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, dice que realizaron una “verificación aleatoria” de los contratos y hace referencia a un informe que, a su vez, presentó, a mediados de 2022, Eduardo Arteta, jefe de Control Interno encargado, en el que “se encontraron una serie de presuntas irregularidades en lo referente a la gestión y adquisición de bienes y contratación de servicios”.
Destacan los funcionarios ministeriales que Arteta auditó 7 contratos, 3 del 2021 y 4 del 2022. “Ninguno contaba con póliza suscrita, así como tampoco se pudieron evidenciar los informes de supervisión, que permitiesen corroborar la labor de seguimiento al desarrollo normal de la ejecución contractual”.
Después, la Inspectora In Situ auditó 44 contratos de prestación de servicios. Halló que, por ejemplo, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera contrató dos conductores, cada uno por $39.600.000, lo que podría ser un detrimento financiero porque la universidad “cuenta con empleados que desempeñan dicha función”.
También encontraron un contrato por $37.720.000 para la supervisión en la gestión contractual y gestión de proveedores; sin embargo, este “no contaba con el lleno de los requisitos”, por no poder determinar cuál era la función a cumplir.
La Vicerrectoría Administrativa también firmó seis contratos con abogados por $212.000.000. “Toda vez que la Universidad Autónoma del Caribe cuenta con oficina jurídica propia para el desarrollo de las funciones de defensa, representación y asesoría en los asuntos legales, no se entiende la razón por la cual se han contratado servicios jurídicos externos en objetos contractuales con similares o iguales funciones a las que desempeña la citada oficina”, cuestionan los funcionarios ministeriales.
Igualmente hallaron contratos injustificados con otros abogados externos con los mismos objetivos. Uno lo firmaron por $6.950.000 y uno por $3.500.000, “sin que se dé explicación o justificación de la diferencia de valores tratándose del desarrollo del mismo objeto contractual, pero con una diferencia de casi el doble del costo”.
Tampoco encontraron justificados dos contratos con el abogado Wladimir Díaz Vargas. El primero, del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2021, es decir por dos meses, por $30.000.000. El segundo, del 17 de enero al 16 de julio de 2022, con el mismo objetivo y valor, “lo que se evidencia como inconsistencia que para el año 2021 se haya pagado el mismo valor por solo dos meses de prestación de servicios”, advierte el informe.
Consideran un “contrato oneroso” el firmado con la empresa Evotech por $354.000.000, “sobre el cual no se da ninguna clase de descripción sobre el desarrollo de este”.
Con la firma León Arcos Consultores hicieron dos contratos para la atención y seguimiento al proceso de cierre de la Universidad Autónoma del Caribe en Miami, Estados Unidos. Uno por $77.251.020, del 5 de abril al 10 de diciembre de 2021, y el otro por $61.800.816, del 1 de febrero al 30 de octubre de 2022, “de los cuales no se han obtenido avances significativos en desarrollo de dicho objeto”.
También califica de oneroso el firmado con Termosoluciones por $306.680.000 para el mantenimiento preventivo del sistema de climatización de la universidad, pese a que ésta cuenta con el personal de mantenimiento para hacer esa labor, como lo certificó la Dirección del Talento Humano.
Si estos y otros contratos fueron cuestionados, la más grave violación al Manual de Contratación y el Código de Buen Gobierno lo cometió el propio vicerrector Administrativo y Financiero, Antonio Prada Castellanos, quien contrató a Tri3 Solutions para que prestara servicios eléctricos, cuando, de acuerdo con un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá incluido en el informe, esta empresa pertenece a su primo y único accionista Óscar Prada Romero.
En esa relación familiar – contractual entre los primos Prada “se lograron evidenciar pagos onerosos, sistemáticos y periódicos” en 2022. Ese año, en total fueron hechos 14 pagos por $523.790.531, más seis por $162.051.208 en 2021, para un total de $628.841.739.
Además de pedir que debían investigar y adelantar las actuaciones disciplinarias contra el vicerrector Antonio Prada, los funcionarios ministeriales hicieron otras recomendaciones a la Universidad Autónoma y remitieron su informe a la Subdirección de Inspección y Vigilancia para que “determine la necesidad de adelantar las actuaciones administrativas que sean del caso, por la presunta violación normativa que se logró evidenciar en el desarrollo de este”.
Documento en mano, SINTRAUAC pidió al Ministerio de Educación que “evite más despilfarros” y reclamó la “renuncia del rector, Mauricio Molinares, así como del Consejo Superior”. La presidenta Álvarez exigió que “prioricen los gastos académicos ante la contratación de proveedores y servicios externos”.
Dijo la dirigente que “los millones de pesos pagados a proveedores son los que hacían falta, a final del año pasado, para los pagos de salarios, primas y otras prestaciones”.
Empleados de la Autónoma aseguraron, además, que “no todos tenemos los pagos de la salud al día”. Al respecto, el rector Molinares dijo que este es uno de los temas en el que siguen trabajando para mejorar la situación salarial y prestacional de todos los trabajadores.
Señaló Molinares que el documento del Ministerio es una “fotografía desactualizada”, que surgió luego de que él ordenó una auditoría interna. Explicó que la universidad tuvo la oportunidad de responderlo, presentar los documentos de los contratos y están esperando un nuevo informe que, a su juicio, dé cuenta de que “la universidad ha mejorado”.
Ante los hallazgos informó que el vicerrector Antonio Prada Castellanos y cuatro funcionarios más fueron retirados de la universidad y aseguró que están cumpliendo todas las recomendaciones ministeriales sobre la contratación.
Ante el desorden y la falta de buen gobierno que evidentemente existía en la contratación, tomaron las medidas que ordenó el Ministerio, le preguntamos al funcionario.
Por ser una “verificación aleatoria”, el informe de la Inspectora In Situ no abarcó toda la contratación de la Autónoma en 2022, por lo que quedan abiertas muchos interrogantes sobre $12.537 millones contratados con fundaciones, corporaciones y otros proveedores que aparecen relacionados en una memoria USB que, de manera anónima, fue enviada al sindicato Sintraunicaribe. Así lo reveló esta organización en el derecho de petición que el 13 de enero pasado, junto con OSIAUTÓNOMA y ASOPROFESUAC, les presentó al Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la universidad y la empresa revisora fiscal Kreston. No se sabe si ya les respondieron.
Twitter @JoseGranadosF
