Hace 27 meses se anunció, con bombos y platillos, la construcción de un plan de vivienda para las 92 familias invasoras. Hoy no se ha movido un metro de terreno en el sitio de la obra.
Óscar Osorio Ospina
En marzo del 2.021, en plena pandemia, se llevó a cabo un amplio operativo por parte de la Alcaldía de Pereira, con el apoyo del ESMAD, para desalojar alrededor de 230 personas que desde hacía varios años habían invadido un lote de terreno en el sector de San Isidro, corregimiento de Puerto Caldas, en límites con Cartago (Valle del Cauca).
Se trata de un predio de alrededor de 36.000 metros cuadrados de propiedad de la Nación (Trenes de Occidente S.A.), el cual estaba habitado por unas 92 familias, entre ellas varias indígenas, que no solo habían levantado allí sus improvisadas viviendas con guadua, lonas y esterilla, sino que algunas tenían cultivos de pan-coger y hasta cría de cerdos. Algunas de ellas argumentaban que estaban allí desde hacía 15 años en predios que habían pagado a otras personas e incluso tenían en su poder promesas de compraventa de los lotes ocupados. El terreno se requería para la construcción del paso del ferrocarril de occidente que conecta al sur de Antioquia y Risaralda con el puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano.
En junio de 2018 se había llevado a cabo un primer desalojo de los invasores, en ese momento alrededor de 50 familias, en una operación que derivó en la captura de siete personas que recuperaron luego su libertad. Pero los terrenos fueron tomados de nuevo por personas sin techo, contra las que se había expedido una orden de desalojo por parte de la Alcaldía de Pereira a finales del 2.020, la cual les concedió dos meses para entregar el predio.
Finalmente, el operativo se llevó a cabo el 3 de marzo del año siguiente (2.021), por parte de funcionarios de la Alcaldía y de la Policía Nacional, quienes apoyados con maquinaria pesada procedieron a demoler las improvisadas viviendas.
Los desalojados fueron ubicados temporalmente en la Plaza de Ferias de Cerritos, cerca del corregimiento de Puerto Caldas, a donde se les brindaron tanto asistencia psicosocial como ayudas humanitarias para garantizar su sustento mientras se ponían en marcha soluciones de fondo a su problemática. En este escenario fueron instaladas 74 familias, mientras que las restantes buscaron auto albergues con algunos familiares y amigos.
Firman convenio
Para los desalojados de San Isidro, la luz de esperanza llegó el 28 de junio de 2.021 cuando en un acto que contó con la presencia del Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, y el Alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, se firmó un acta de compromiso para la construcción de las anheladas soluciones habitacionales.
En ese evento, el Gobernador hizo entrega formal de un terreno para destinarlo a ese proyecto de vivienda, localizado en el corregimiento de Puerto Caldas, el cual había sido comprado una década a través por la administración departamental a la empresa Bavaria.
Allí estuvieron presentes también Gabriela Arenas, directora ejecutiva de la Fundación TAAP que se encargaría de la construcción de las casas, Alejandro Riaño de la firma Riaño Producciones que se lideraría una serie de actividades y eventos para recoger fondos para ese proyecto, además de representantes de Colombia Cuida Colombia y Techo Colombia.
«Se construirá una vivienda digna para la comunidad de San Isidro, con la contribución de la Gobernación de Risaralda y las fundaciones que están apoyando. Esperamos que nos acompañen en la primera piedra y el primer ladrillo de las casas”, dijo el alcalde Maya en ese momento.
Pero, en realidad, el calvario de las familias que ante esta promesa desalojaron la Plaza de Ferias y de quienes estaban en auto albergues estaba lejos de terminar.
No hay casas
En este momento, cuando han transcurrido 27 meses desde aquel acto protocolario, en el sitio destinado para el proyecto no se ha movido un solo metro cuadrado de tierra, no se ha pegado un ladrillo y no se sabe a ciencia cierta cuando comenzarán los trabajos de la urbanización.
EL DIARIO dialogó con Julián España, secretario de Vivienda de la Alcaldía de Pereira, para conocer el estado actual del proyecto y los avances que se han concretado. Pero la conclusión es que ni en lo que resta de este año y posiblemente tampoco en el primer semestre del próximo, las familias desalojadas de San Isidro podrán acceder a una vivienda propia.
“El proyecto consta de varias etapas, entre ellas la adecuación del terreno para construir. En su momento, la Secretaría de Planeación inició el proceso puesto que se trataba de suelo de expansión y se hicieron los diseños, pero se llegó al punto de la falta de cobertura de servicios públicos domiciliarios, lo que planteó una situación muy compleja puesto que el Plan de Saneamiento Básico Municipal (PSMB) no llegaba hasta esa zona”, anotó el funcionario. En estas circunstancias se debió proceder a ampliar el PSMB, cuyos estudios están hoy en revisión por parte de Cárder, como autoridad ambiental, pendientes de ser aprobados.
El siguiente paso, anotó España, es continuar con el plan parcial, del cual se ha avanzado en un 70%, para finalmente poder comenzar a construir una vez el terreno este habilitado para ello.
De acuerdo con las declaraciones del secretario de Vivienda allí no solamente van a estar las familias desalojadas de San Isidro hace ya 32 meses, sino también otras provenientes del sector de Los Conquistadores. “En efecto, tanto el alcalde como los secretarios de Planeación y de Vivienda de la época, pensaron fue en ampliar un lote de terreno suficiente no solo para las familias de San Isidro y Los Conquistadores, sino también para ir generando suelo urbanizable dentro del Municipio”.
En estas circunstancias, Julián España en su condición de secretario de Vivienda, no se aventuró a establecer en qué período de tiempo se podrían tener las casas listas para las familias desalojadas.
Al respecto dijo: “No señor, porque yo le podría decir que terminado o finiquitado el tema de la ampliación del perímetro de servicios del PSMB, podríamos estar hablando que una vez haya disponibilidad de servicios públicos, el Municipio se tardaría alrededor de cinco o seis meses para terminar el plan parcial y habilitar ya el suelo del todo. Posterior a la habilitación, el Municipio a la par con la construcción de las viviendas debe adelantar unas obras necesarias, que son las cargas generales”.
Colofón
Han transcurrido ya 32 meses desde el desalojo y 27 meses desde cuando se suscribió el acta de compromiso para la construcción de las viviendas para estas familias, pero la fecha en que ese sueño se hará realidad está todavía lejana, muy lejana. Y a los gobiernos territoriales actuales apenas le quedan dos meses de mandato.
