Un consorcio en el departamento de Sucre estuvo a punto de iniciar un contrato por casi 31 mil millones de pesos que ganó con un presunto fraude.
Se trata de Desarrollo Vial Caimito 2021, al que la Alcaldía de ese municipio le adjudicó, el 13 de agosto, la construcción en pavimento de la vía Caimito-La Unión, licitación que le acaban de revocar.
El cuestionado consorcio está representado legalmente María Fernanda Arrázola Morales y lo conforman las empresas Andina Ingeniería & Construcciones SAS, Construcciones, Maquinaria y Vías de Colombia SAS y LT Buildings SAS.
La revocatoria fue producto de la denuncia de FRAP, otro de los consorcios participantes, que le advirtió al alcalde Óscar Mario Heredia que Desarrollo Vial había aportado un certificado del Ministerio del Trabajo que esa entidad no emitió.
El documento fue clave para que los hoy revocados se quedaran con la licitación porque les permitía acreditar la vinculación a su planta de personas con discapacidad.
«[…] se informa que dicho certificado NO ES AUTÉNTICO y no fue expedido por el GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C. del Ministerio del Trabajo”, fue la respuesta que le dieron a Sergio Andrés Acero Álvarez, quien representa legalmente a FRAP.
El certificado fue aportado por la empresa Andina Ingeniería & Construcciones SAS, cuya cabeza es Adolfo León González Guzmán, con matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá.
La Alcaldía también consultó con el Ministerio del Trabajo y la respuesta fue todavía más contundente, pues no solo le respondieron desde Bogotá, sino también desde Sucre.
Desde la capital del país reiteraron la falta de autenticidad, mientras que Marcelo Andrés Méndez García, director del Ministerio del Trabajo en Sucre, informó que el documento «no es veraz».
Con esas respuestas, la Administración de Caimito resolvió que el papel «no corresponde a la realidad» y justificó la revocatoria, entre otras cosas, en lo establecido por el Consejo de Estado cuando una adjudicación es obtenida por «medios ilegales» o «bien por haberle entregado información o documentos falsos, inexactos o incompletos».
«Bajo este orden de ideas, se tiene que se ha configurado una situación o hecho que permite considerar que el acto de adjudicación del proceso de selección No. LP-002- OP-2021 se ha obtenido por medios ilegales, siendo claro que la causal contenida en el inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 se configura y, en consecuencia, habrá lugar a revocar el acto acusado», fue la consideración del alcalde para quitarle el contrato al consorcio.
Lo que sigue
La caída de la adjudicación puede resultar beneficiosa para el denunciante, pues es el consorcio que obtuvo el segundo lugar en la calificación de su propuesta. La Alcaldía ordenó revisarla y mirar «si resulta favorable para la entidad», es decir, si le adjudican el contrato sin necesidad de que haya un proceso licitatorio desde cero.
El alcalde, quien firma la revocatoria, resolvió que no procede ningún recurso contra la misma y que queda en firme desde el 17 de septiembre.
Uno incompleto y otro con multa
El documento presuntamente ilegal que aportó Andina no es lo único llama la atención alrededor de Desarrollo Vial Caimito 2021; también lo es la experiencia internacional que dicen tener, así como una multa contra Construcciones, Maquinaria y Vías de Colombia SA, otra de las empresas del consorcio.
Sobre lo primero, la experiencia, Andina relacionó un supuesto contrato ejecutado en Málaga (España). Solo dice que la entidad contratante fue el Ministerio de Fomento, que cambió de nombre en 2020 y ahora se llama «de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana». No señaló en qué año lo había ejecutado.
sucrenoticias.com buscó referencias de Andina sobre ese contrato, el de «prolongación de la ampliación a tercer carril en ronda Este de Málaga. Tramo: autovía 7 del Mediterráneo, Pk 243,50 al 246,50 y refuerzo de arcenes y colocación de pretiles y sistemas de contención de motoristas».
Encontramos que, en efecto, hubo un contrato bajo ese nombre, aunque con terminación diferente: no fue «Pk 243,50 al 246,50» sino «Pk 243,50 al 246,60», o sea, el último conjunto de números no es igual. La información puede corroborarse aquí, en el Boletín Oficial del Estado, y es del 12 de marzo de 2008.
En el mismo boletín aparecen los nombres de dos contratistas, ambos de nacionalidad española, es decir, ninguno es Andina, empresa colombiana creada apenas el 8 de agosto de 2019.
Otras publicaciones de medios españoles sobre esa obra datan de 2007, 2008 y 2011, como se evidencia en Diario Sur y otras webs del Gobierno español.
sucrenoticias.com llamó al alcalde de Caimito para preguntarle por qué en el Secop I no aparece el año y el número del contrato que esta empresa dijo haber ejecutado en España, y si aportó copia del mismo, pero el mandatario no respondió a nuestras llamadas.
En cuanto a Construcciones, Maquinaria y Vías de Colombia SAS, en el Registro Único Empresarial-Rues aparece matriculada en Montería. Su representante legal es Tatiana Zenith Lascarro Torres.
Esa compañía es otra que aporta ruidos al consorcio porque tiene una multa en firme de la Gobernación de Casanare por $ 337.496.187 que no ha pagado.
La multada empresa no es ajena al departamento de Sucre; en el Rues le aparecen contratos con la Alcaldía de Coveñas, en 2012 y 2013, ambos perfeccionados y que suman 12 mil 191 millones 496 mil 112 pesos.
Él gestiona, otros ejecutan
Revocado el contrato, los más perjudicados son los habitantes de Caimito y de La Unión, quienes deben esperar más tiempo para contar con una vía en buenas condiciones.
Los recursos para esta obra fueron gestionados en diciembre de 2020 por el gobernador Héctor Espinosa Oliver en ante sus compañeros gobernadores del Caribe en una sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), que se nutre de las regalías.
Como se lee en el documento de la sesión, la Gobernación de Sucre aparece como el ejecutor propuesto para esta obra, pero la misma terminó ejecutándola la Alcaldía de Caimito, que ahora, después del presunto fraude, debe resolver a quién se la entrega y lidiar no solo con las consecuencias jurídicas y con las críticas. De ambas se libró el gobernador al ceder ese contrato.
En esa sesión del Ocad Caribe, el gobernador también pidió vía para el mejoramiento de la carretera Corozal-Betulia-Sincé, cuya construcción inició con un pomposo acto protocolario que él mismo presidió.
En este caso, Espinosa le pidió al Ocad aprobarle 63 mil 411 millones de pesos para más de 18 kilómetros de vía.
La Gobernación le confirmó a sucrenoticias.com que este dinero proviene de la Administración departamental y que la ejecución es responsabilidad de la Alcaldía de Sincé.
