Desde julio cursa en la Cámara de Representantes un proyecto de Acto Legislativo que busca que los campesinos sean tenidos en cuenta como “sujetos especiales de protección”. Con esto, a estas comunidades se les debe reconocer el proceso de consulta previa.
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Cabe recordar que actualmente este trámite aplica para grupos étnicos que están cerca de proyectos que puedan “afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica”.
El impacto de esta medida cubriría, entre otros, a proyectos de energía y de minería, que debería aplicar a más comunidades y en más casos este proceso. En la actualidad, este se realiza antes de entregar el Estudio de Impacto Ambiental, requerido para obtener la licencia ambiental que entrega la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
El proyecto, radicado por 19 miembros de la bancada del Congreso del Partido Verde y considera dentro de sus argumentos que hay “una brecha significativa en materia de salvaguardar, reconocer y promover la protección de los derechos de los campesinos”.
Ricardo Gaviria, presidente de la minera de ferroníquel Cerro Matoso, afirmó que uno de los grandes éxitos de un proyecto minero es que haya una comunicación directa con todas las comunidades involucradas. “Llevamos nueve años de operación ininterrumpida y no hemos tenido ningún problema con comunidades campesinas, ni indígenas o afrodescendientes”. Sobre este punto coincide Sarah Armstrong-Montoya, CEO de Cordoba Minerals, quien afirmó que la inclusión de las comunidades, todas las cercanas al proyecto y no solo las étnicas, es fundamental para que el proyecto salga adelante.
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“Obviamente tenemos el proceso de consultas previas para las comunidades indígenas, pero aparte, tenemos una obligación social de trabajar con las comunidades”, afirmó la líder.
Destacó que actualmente, para el desarrollo de su proyecto hay un equipo de 19 personas cuya misión es trabajar con las comunidades para apoyarlas. De hecho, Santiago Varela, gerente de la misma compañía, destacó que esto es una licencia social que se requiere para el avance de cualquier proyecto.
De acuerdo con la información de la Anla, durante el cuatrienio 2018 – 2022 se realizaron 644 trámites de consulta previa con su participación y se reconocieron a más de 49.500 personas como terceros intervinientes de estos.
De hacerse este proceso con comunidades campesinas, esta cifra podría crecer exponencialmente. Sierra señala que en vista de que siempre se les ha incluido en las tomas de las decisiones, es posible que esto se replique. “Siempre los hemos incluido a ellos con la misma metodología, simplemente sin la participación estatal”.
Por su parte, Armstrong-Montoya aseguró que con los requerimientos que ya existen en el EIA para proteger a las comunidades, “esto ya es una forma de consulta con las comunidades campesinas”.
Otro de los sectores que se afectados es el eléctrico, que también requiere de estos permisos para adelantar sus obras. Federico Echavarría, presidente de AES, señaló que se debería tener en cuenta las experiencias que han habido en otros procesos de este tipo, por ejemplo en La Guajira. “También se deber asegurar que se cumpla con la balanza de hacer la transición energética, apoyando el desarrollo de comunidades”. Para esto, el experto sugirió una conversación entre todos los actores involucrados para que se pueda llegar a acuerdos que permita el beneficio de todos y cumplir con la transición.
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Varela señaló que si bien esto es algo que ya de facto se realiza, sería complejo convertirlo en un trámite burocrático adicional, que haga complejo el desarrollo de los proyectos. Gaviria afirmó que si hay acuerdos para el desarrollo, es posible que las consultas no sea tan complejo de lleva a cabo.
Licencias están en exploración
Durante el Congreso Nacional de Minería, llevado a cabo en Cartagena, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo que habría una posibilidad de que se exija licencias ambientales para el desarrollo de la exploración minera, que hasta el momento no existe. La licencia ambiental, otorgada por la Anla, se entrega antes del proceso de explotación de los minerales, cuando ya se ha comprobado que existe el mineral. De acuerdo con Sarah Armstrong, solo 1% de las exploraciones terminan en hallazgos exitosos, por esto, un licenciamiento ambiental sería una inversión riesgosa.
Daniela Morales Soler
