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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha aceptado una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, la cual alerta sobre el potencial riesgo de debilitamiento en la seguridad y soberanía energética de Colombia, específicamente en los sectores de gas y petróleo.
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La Sección Primera del Tribunal, bajo la ponencia del magistrado Óscar Dimaté, se encargará de evaluar esta acción popular. Según informes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), durante 2023 se ha evidenciado una reducción significativa en las reservas energéticas del país. Se reporta que las reservas probadas de petróleo han disminuido de 7,5 a 7,1 años, mientras que las de gas cayeron de 7,2 a 6,1 años, lo que plantea un desafío crítico para el futuro energético de Colombia.
La Fundación para el Estado de Derecho ha señalado en un comunicado que la ANH había previsto diversas medidas para gestionar este problema, tales como:
– Creación de un comité interinstitucional.
– Reconversión de infraestructura física.
– Implementación de otras acciones estratégicas.
No obstante, la Fundación menciona que estas medidas no se han cumplido adecuadamente.
El Tribunal también deberá investigar si, como sostiene la Fundación, las autoridades nacionales no han desarrollado un plan de acción efectivo para aumentar las reservas energéticas. Esto incluye analizar la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de no firmar nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, una medida que, según los demandantes, carece de respaldo en estudios técnicos y financieros.
Además, los demandantes critican el anuncio de importar gas de Venezuela, calificándolo de improvisado. Este señalamiento pone en tela de juicio la planificación y coordinación del Ministerio de Minas y del presidente de Ecopetrol.
Por su parte, la Fundación para el Estado de Derecho sostiene que su acción se orienta a proteger varios principios y valores fundamentales, incluyendo:
– La estabilidad macroeconómica.
– La implementación de políticas de largo plazo.
– La garantía del bienestar de la población.
– La gestión racional de los recursos naturales.
– La defensa del patrimonio público.
– El acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos.
– La moralidad administrativa.
El Tribunal debe ahora sopesar estas acuciantes preocupaciones y determinar si ha existido una desatención por parte de las autoridades nacionales en la implementación de políticas efectivas para preservar la seguridad energética del país.
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