El reciente nombramiento de Juan Esteban Cortés Orozco como director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) ha generado una tormenta de críticas en el departamento. Diego Felipe Urrea, un conocido defensor ambiental en la región, ha denunciado la decisión como un proceso plagado de irregularidades y conflictos de interés que podría tener serias repercusiones legales.
Urrea señala que la elección de Cortés Orozco fue realizada a puertas cerradas por un grupo selecto del Consejo Directivo de la CRQ, sin transparencia ni participación ciudadana. Entre los responsables de esta decisión están Juan Carlos Uribe, empresario de Don Pollo; Viviana Álvarez Rojas, representante de Ladrillera La Campana; Juan Brito, alcalde de Quimbaya; y Santiago Ángel, alcalde de Salento. Según Urrea, estos miembros ignoraron deliberadamente una ley que exige atender las recusaciones—objeciones legales—antes de proceder con cualquier nombramiento. Incluso, el Consejo de Estado había ordenado que estas recusaciones fueran tramitadas, lo que agrava la situación y levanta sospechas sobre la legalidad del proceso.
“Estamos ante un caso preocupante de nepotismo. José Manuel Cortés, exdirector de la CRQ, ha conseguido colocar a su hermano en un puesto clave, lo que muestra cómo una familia está ejerciendo control sobre la autoridad ambiental en el Quindío”, expresó Urrea con evidente preocupación. Además, advirtió que la actuación de quienes eligieron a Cortés Orozco podría tener implicaciones penales, dado que las irregularidades en el proceso podrían ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
Según diferentes analistas esta situación podría dañar la reputación de empresas como Don Pollo y Ladrillera La Campana, cuyos representantes participaron en la polémica elección. “Estas compañías ahora se ven involucradas en una decisión que podría ser rayar con la ilegalidad y esto no pasará desapercibido para la opinión pública. La imagen de estas empresas podría estar en juego”, añadieron expertos.
El líder ambiental hizo un llamado a los defensores del medio ambiente y a la comunidad en general para que se mantengan alertas y actúen frente a esta grave situación. Según él, ya se están preparando acciones legales para anular el nombramiento y se presentarán quejas disciplinarias para que las autoridades actúen con transparencia y rigor.
Además, instó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a intervenir y asegurar que se respeten los principios de la función pública y el derecho de los ciudadanos a participar en decisiones de esta magnitud. “No podemos permitir que se juegue con el futuro de nuestro departamento. Es nuestro deber proteger el patrimonio natural del Quindío y garantizar que las decisiones se tomen de manera justa y abierta”, concluyó Urrea.
Este polémico nombramiento ha expuesto las tensiones y los desafíos que enfrenta la gobernanza ambiental en el Quindío. La comunidad espera con interés los próximos pasos, con la esperanza de que prevalezcan la justicia y la transparencia, y que las posibles implicaciones legales sean debidamente investigadas.
