Aunque los ojos de los inversionistas y las calificadoras de riesgo están puestos en lo que pase con la reforma tributaria 2.0, las elecciones de 2022 también serán determinantes para la imagen de Colombia en los próximos años.
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De acuerdo con dos calificadoras, Fitch y Moody’s, el año electoral podrá determinar la hoja de ruta del país para estabilizar sus finanzas públicas, teniendo en cuenta que será necesario otro ajuste fiscal en la próxima administración.
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Renzo Merino, analista soberano de Moody’s para Colombia, le explicó a este diario que aunque la firma calificadora va a esperar a que la reforma tributaria quede aprobada en el Congreso para tomar una decisión frente al grado de inversión del país, el ajuste que se haga en 2022 también será clave para las perspectivas crediticias.
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“El Gobierno ha sido claro en que se va a necesitar otro ajuste fiscal, porque la tributaria que se está tramitando no es suficiente para estabilizar la deuda. Por eso es que la administración que sea elegida para el 2022 será determinante para el rumbo que tome el país en ese sentido”, apuntó Merino.
Asimismo, en cuanto al grado de inversión, Merino reiteró que le darán una espera al trámite del proyecto de Inversión social ante el Congreso.
“Nosotros vemos que Colombia tiene una buena perspectiva de crecimiento y ese es un factor positivo. Ahora tenemos que ver de qué manera el país logra ajustar sus finanzas públicas. En la reforma tributaria que se radicó nos parece positivo que las medidas y ayudas sociales son temporales, por lo que se ve que se va a ir reduciendo la deuda a partir del 2023”, dijo el analista de Moody’s.
Por su parte, Fitch apunta que “es probable que la reforma revisada se apruebe después de que el gobierno consultara ampliamente sobre sus propuestas, que se basan en gran medida en medidas de impuestos corporativos al tiempo que aumentan impacto fiscal de la nueva reforma tributaria. Sin embargo, el bajo índice de aprobación del presidente, el próximo Congreso y elecciones presidenciales en el 2022 y posible reanudación de las protestas antigubernamentales podría amenazar la reforma o conducir a una mayor dilución (como aumentos adicionales en gasto social)”, apunta la calificadora en un análisis reciente sobre el país.
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