Recientemente, el presidente Gustavo Petro habló sobre la posibilidad de emitir bonos por parte del Banco de la República para reparar económicamente a las víctimas del conflicto armado interno en el país.
“La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”, dijo el primer mandatario.
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Según la Unidad para la Atención de Víctimas, son casi 10 millones las personas registradas como víctimas de la violencia en Colombia, por lo que llevar a cabo esta propuesta puede suponer un reto muy grande para las finanzas de la Nación, al punto que puede ser considerada no solo como algo muy poco recomendable, sino que puede, de alguna u otra forma, poner en peligro a las ayudas que reciben estas personas.
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De acuerdo con Óscar Cardozo, Economista y Analista de Banca de Inversión Valúes AAA, el desarrollar esta medida puede generar un desbalance en las cuentas del Estado, teniendo en cuenta que del presupuesto anual de Colombia, el cual es de alrededor de 400 billones de pesos, 301 billones estarían destinados para las victimas, según como le explicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo para EL TIEMPO.
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“No es muy recomendable, dado que es dañaría, primero, la confianza, y segundo, la deuda se empieza a convertir en un tema más grande y también deja en tela de juicio el hecho de que ya se han entregado ciertos beneficios a las víctimas del conflicto armado y a muchas de ellas no les ha llegado”, enfatizó.
Esto coincide con el concepto de Hernando Zuleta, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, quien afirma que esta iniciativa solo puede ser aprobada bajo consenso de la Junta Directiva del Emisor, algo que no ha ocurrido, incluso, durante la pandemia.
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«La idea de que el Banco de la República financie el gasto público directamente es muy poco probable que se vea. Para que esto suceda, tendría que haber consenso entre todos los miembros de la Junta Directiva de hacerle ese crédito directo al Gobierno«.
No obstante, el no llevar a cabo esta propuesta también representaría la necesidad del Estado de conseguir nuevas fuentes de financiación para solventar esta propuesta y no afectar la imagen que tiene el Gobierno a nivel nacional como internacional, así como a la reparación a las víctimas.
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“De no hacerlo, habría que buscar nuevas alternativas de financiación para poder indemnizar a las víctimas sin que esto afecte la credibilidad internacional para no generar más problemas”, enfatizó Cardozo.
Por otro lado, en caso de que esta propuesta se lleve a cabo, esto puede tener efectos negativos para la economía, teniendo en cuenta el Indice de Precios al Consumidor, el cual cerró el mes de marzo en un 13,34 %.
«La razón fundamental sería que se enviaría la señal de que el Banco de la República está dispuesto a financiar a un Gobierno que quiere gastar mucho lo cual daría una mala espina a los mercados, lo que tendría un efecto inflacionario muy importante”, aclaró Zuleta.
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