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El tribunal de ética médica en Norte de Santander reclamó a la administración departamental y autoridad sanitaria mayor apoyo para su labor.
Sus voceros argumentan que en la actualidad cuentan con un presupuesto de ciento doce millones de pesos ($112.000.000) y con un aumento en la vigencia presupuestal para el año 2022, de cinco millones de pesos ($5.000.000) para su funcionamiento.
Según ellos este valor no alcanza para ajustar los sueldos a los funcionarios de esta corporación, según lo dispuesto por el Gobierno Nacional.
Argumentan que el presupuesto está muy por debajo de los demás Seccionales que cumplen la misma carga laboral de este despacho y que hoy cuentan con presupuestos de ochocientos millones de pesos ($800.000.000) como lo es el de Santander.
Explican que estos “déficits que fueron presentados ante el ente Departamental y el Instituto Departamental de Salud, quienes conocen de antemano desde hace algunos años las necesidades que presentamos para el buen desempeño de nuestras funciones; conjeturas que hasta el día de hoy no han sido resueltas por parte de los mencionados, pues a pesar de las llamadas que le hiciere el suscrito y los demás magistrados del Tribunal a los encargados, estas no han sido contestadas, por el contrario lo que deja entrever la total desatención en el deber que les concierne con este despacho” explica su vocero.
Y advirtieron que “en estos momentos es muy difícil funcionar con el presupuesto actual por las condiciones que se han venido otorgando por parte de los entes jurisdiccionales, pues a pesar de solicitar el reajuste al presupuesto con el fin de nivelar los salarios de todos los funcionarios del Tribunal y no ser escuchados, como decisión unánime de esta corporación nos hemos visto en la penosa obligación de realizar un cese y/o suspensión de actividades desde el día 22 de febrero del año en curso hasta tanto la situación en comento sea resuelta de manera satisfactoria por los competentes; lo que además nos pone en una posible de renuncia masiva por parte de los Magistrados”.
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Indicaron que de continuar esta situación “El Tribunal de Ética Médica de Norte Santander se trasladaría a la regional de Santander, situación que dejaría en defensión y desprotección tanto a la comunidad norte santandereana como al personal médico de este Departamento”.
