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jueves, septiembre 17, 2020

En audiencia, definen si caso Uribe sigue por el nuevo sistema penal

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En la mañana de este miércoles, ante una jueza de Paloquemao, se lleva a cabo la audiencia de solicitud de libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien está en prisión domiciliaria por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, por los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal.

Tras la renuncia de Uribe al Senado, la Corte determinó que perdió competencia para llevar su caso y el proceso pasó a la Fiscalía, que indicó que el mismo se llevará bajo las normas del nuevo sistema penal acusatorio. Es por esto que la libertad o continuidad de la medida de aseguramiento en su contra no puede definirla la Fiscalía, sino un juez de control de garantías.

(Lea también: Los puntos que tendrá que analizar juez que decidirá libertad de Uribe)

La defensa del expresidente pedirá su libertad inmediata, luego la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en la investigación, expresarán su posición al respecto. Al final, la jueza podrá dar a conocer su decisión o tomarse un tiempo para examinar la trascendental situación.

(Le puede interesar: Corte remite a la Fiscalía proceso contra Uribe por masacre de El Aro)

Al comienzo de la audiencia, Reinaldo Villaba, abogado de Cepeda, hizo una petición para que el proceso de Uribe siga llevándose por la ley 600, con la que venía en la Corte Suprema, y no por la ley 906, el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que fue el sistema al que la Fiscalía General cambió el caso cuando recibió el expediente.

Según Villaba, si bien la Corte Suprema estableció que perdió competencia para seguir con el caso, no se puede afirmar que hay un cambio de legislación, sino que  solo hubo un cambio de quien investiga: la Fiscalía y no la Sala de Instrucción de la Corte.

«El procedimiento se mantiene porque era el vigente en el momento en el que se dio la presunta comisión de los hechos que se investiga», dijo Villaba, afirmando que lo que está cuestionando en este caso es quién debe ser el juez natural, situación que no solo está consagrada en favor del acusado, sino que es una garantía institucional que «protege la independencia y autonomía de la justicia».

Un eventual juicio sería también ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia porque las conductas ocurrieron como senador

Villaba agregó que, además, el competente en este caso debe ser un fiscal delegado ante la Corte, «porque un eventual juicio sería también ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia porque las conductas ocurrieron como senador».

También señaló que se debe contemplar que lo actuado por la Corte Suprema, bajo la ley 600, tiene la calidad de prueba; pero si se traslada a la ley 906, se pierde esa calidad y apenas se puede considerar un elemento probatorio o evidencias, llevando a que lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia pierda su alcance.

(Además: ¿Por qué la Corte no apartó al Fiscal General del caso contra Uribe?)

El exfiscal general Eduardo Montealegre, quien pidió ser acreditado como víctima en el proceso, coincidió con Villaba y expresó que el juez competente para cuando se cometieron los hechos era la Corte Suprema, en ley 600, por lo que el juzgamiento le corresponde a la Corte Suprema. «Aquí, si bien la investigación la puede hacer la Fiscalía con un fiscal delegado ante la Corte, es absolutamente claro que el juicio le correspondería a la Sala de juzgamiento en primera instancia y a la Sala de Casación penal de la Corte», dijo. 

Y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quien también pidió acreditarse como víctima, añadió que si se accede a la petición de dejar este proceso en Ley 600 «se estaría favoreciendo la necesidad de avanzar rápido en este caso, que favorece a las víctimas pero también es interés del procesado y de la administración de justicia; se evitarían traumatismos para la fiscalía y la defensa, y se obviarían muchas discusiones que se pueden dar en el caso de validar este caso como un tránsito de legislación», expresó.

(Le recomendamos: Uribe vuelve a controvertir señalamientos en proceso en su contra)

Por su parte, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, delegado para el caso, explicó que los hechos que se analizan en el proceso sucedieron en 2018, lo que llevaría a que el sistema legal adecuado sea la Ley 906, Sistema Penal Acusatorio.

«Si partimos de que los hechos se circunscriben a 2018, por supuesto, siguiendo las voces de la Constitución y de las reglas de vigencia de la ley 906 de 2004, los hechos determinan ese procedimiento, y el procedimiento entonces aplicable a todas luces es el sistema penal acusatorio», indicó.

Creo que en un proceso como este, por la verdad que reclaman las víctimas, por la justicia que reclaman, este es el escenario más propicio para que el país entero conozca el proceso

Añadió que la Ley 906 es más garantista para todas las partes procesales y hace más público el proceso. «Creo que en un proceso como este, por la verdad que reclaman las víctimas, por la justicia que reclaman, este es el escenario más propicio para que el país entero conozca el proceso», concluyó.

Y la representante de la Procuraduría también estuvo de acuerdo con que la ley aplicable es la 906, teniendo en cuenta que esta comenzó a regir para procesos desde 2005. De ahí en adelante, solo por algunas excepciones, como que el procesado tenga un fuero especial, como era el caso de Uribe como senador, se podía seguir aplicando la Ley 600; pero, dijo la procuradora, al renunciar Uribe al Congreso desapareció el fuero que permitía que la ley aplicable fuera la Ley 600.

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