Se trata de dos hombres que fueron considerados desaparecidos. El primero en 2002 a manos de las AUC, el segundo por las Farc, en 2005.
En el municipio de El Carmen de Bolívar, la Fiscalía General de la Nación realizó el acto de entrega digna de los restos de dos cuerpos que habían sido reportados por sus familias como desaparecidas por grupos armados ilegales durante los años 2002 y 2005.
Se trata del agricultor y comerciante Tomás Miguel Díaz Tapia, de 54 años, quien el 8 de julio de 2002, fue sacado a la fuerza de la vivienda, en el municipio de San Onofre (Sucre), sin que se tuviera información acerca de su paradero. El hecho fue atribuido al Bloque Montes de María de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
También fue identificado Hebert Enrique Velásquez Acosta, desaparecido el 17 de mayo de 2005 en la vereda Las Lajas, jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar. La víctima, de 33 años, fue contactada por varios hombres con la excusa de realizar labores en el campo. Desde entonces no se tenía razón de su ubicación. El crimen es atribuido a las Farc.
Previo a la ceremonia de entrega, expertos en antropología y odontología les explicaron a los familiares las actividades desplegadas, al igual que el protocolo científico que se utilizó para identificar a sus seres queridos.
Profesionales en psicología, con el apoyo de la alcaldía municipal y la Unidad de Víctimas apoyaron a los familiares para que lograran elaborar duelos adecuados y para que realizaran las respectivas inhumaciones.
La Fiscalía continúa trabajando en la reconstrucción de esos hechos violentos para garantizarles a las víctimas un debido proceso de justicia, verdad y reparación.
MEVA/LMFO/MAGA/DC/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
