Para evadir el control de las autoridades, esta persona se habría hecho pasar como domiciliario de una empresa del sector.
Los elementos materiales de probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de Ronald Alejandro Silva Calderón, por su presunta responsabilidad en el transporte de estupefacientes, entre la vía que de El Pital comunica a La Plata en el noroccidente de Huila.
Por estos hechos, un fiscal de la seccional le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que no fueron aceptados por el procesado. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero, cuando, al parecer, Silva Calderón se movilizaba en una motocicleta a la altura del kilómetro 1, donde fue requerido por las autoridades en un puesto de registro y control. El imputado, al observar la presencia de la policía de carreteras, los evade y toma una ruta alterna hacia un potrero de la zona.
Al notar la actitud sospechosa del investigado, una patrulla decide perseguirlo y observan cómo este hombre, al parecer, sacó de la canasta de los domicilios, 60 kilos de marihuana tipo sativa, la cual estaba distribuida en 12 paquetes de tamaños rectangulares forrados con bolsas plásticas.
Labores investigativas permitieron evidenciar que dicho estupefaciente tendría como destino Pitalito (Huila), y sería entregado a organizaciones criminales dedicadas al expendio y comercialización en barrios populares de la zona.
Durante el procedimiento de captura, le fue incautada una motocicleta y un celular.
WAGG/LMFO/AMCJ/EPF/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
