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En la legislatura 2023- 2024 apenas 3,7 % de los proyectos se convirtieron en leyes

Gonzalo Araújo

Después de un primer periodo en el que los principales proyectos del Gobierno parecían estancados en el Congreso, hacia el final de la legislatura parte de la agenda gubernamental logró avanzar, aunque esto implicó una moderación y priorización de las propuestas.

(Lea: ¿Qué viene tras el hundimiento de la reforma a la educación?). 

Al final, un 33% de los proyectos radicados por el gobierno (8 proyectos: 5 radicados en esta legislatura y 3 que venían de la pasada) completaron trámite, manteniendo el mismo porcentaje de efectividad que el periodo pasado (2022-2023).

Datos de SONAR, herramienta de monitoreo legislativo de la firma Orza, demuestran que durante la legislatura 2023-2024 se presentaron 675 proyectos de ley, de los cuales el 62,3% comenzaron su trámite en la Cámara de Representantes y el 37,7% en el Senado de la República.

Teniendo en cuenta el número total de proyectos radicados durante esta legislatura (675), solo 25 (3,7%) fueron aprobados por el Congreso de la República y convertidos en leyes (5 de origen gubernamental y 20 de origen congresional). Además, 331 fueron archivados.

(Vea: Congreso terminó legislatura con sabor agridulce para Petro y sus reformas). 

De estos proyectos, 319 siguen en curso y pasan a la siguiente legislatura (309 son de origen congresional y apenas 10 son de iniciativa gubernamental). La mayoría tienen como fecha límite el 20 de junio de 2025 para convertirse en ley. Entre los proyectos radicados entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de junio de 2024, que siguen en trámite, los temas más legislados por los congresistas y el gobierno fueron Cultura y Honores (14,42%), Educación (10,34%), Medio Ambiente (10,3%) y Salud (7,52%). En contraste, los temas que recibieron menor atención fueron Ley 5 de 1992 (0,63%), Servicios Públicos (0,63%) y Asuntos Financieros (0,63%).

Gonzalo Araújo, politólogo y socio de Orza.

El análisis de los resultados de la legislatura 2023-2024 ofrece una visión reveladora de las dinámicas de poder entre el gobierno y el Congreso. En este período, se presentaron 637 proyectos de ley de origen congresional, de los cuales solo 18 se convirtieron en ley, lo que representa un 2,8% de éxito legislativo. Comparativamente, de los 24 proyectos propuestos por el Gobierno, 5 lograron la aprobación, lo que equivale a un 20,8% de éxito.

Gonzalo Araújo, politólogo y socio de Orza, firma de asuntos públicos, considera que este desequilibrio sugiere una capacidad significativa del gobierno para avanzar en su agenda, a expensas de las iniciativas legislativas propuestas por los congresistas individuales, revelando un claro contraste en la eficacia entre las propuestas originadas en el Ejecutivo frente a las del Legislativo.

(También: Ley antideforestación apoyada por DiCaprio ‘naufraga’ en el Senado colombiano). 

Aunque el balance resultó en la aprobación de proyectos importantes en los objetivos del gobierno, como la reforma pensional, la ley estatutaria que define las competencias de la jurisdicción agraria y la ley de ampliación del cupo de endeudamiento, la ventana política del gobierno no fue lo suficientemente amplia y la sobrecarga de temas, junto con la dificultad para alcanzar acuerdos a tiempo, provocó que otros proyectos importantes se hundieran (la reforma del sistema de salud, la reforma educativa, la ley ordinaria sobre estructuración y funcionamiento de la jurisdicción agraria, la iniciativa para prohibir el fracking y el proyecto que busca superar la pobreza energética y promover la transición energética en La Guajira).

“Aunque el Gobierno ha logrado mantener una tasa de efectividad estable, el número absoluto de iniciativas aprobadas se redujo, y es que apenas 8 de sus 24 proyectos de ley que estaban en discusión en esta legislatura fueron aprobados. Esto es consistente con el periodo en que el presidente Petro mantuvo una coalición formal y, al introducir reformas estructurales más radicales en la discusión, la ventana de oportunidad política se le estrechó”, destacó Araújo.

María Jimena Escandón

María Jimena Escandón, socia de la firma Orza.

La tercera legislatura, conocida como “el año del Congreso”, es crucial para los congresistas, ya que representa el momento en el que buscan acelerar la aprobación de sus iniciativas. Este periodo es fundamental porque al finalizar la legislatura, el 20 de junio de 2025, los senadores y representantes comenzarán a rendir cuentas a sus votantes, preparando el terreno para las elecciones legislativas de 2026. Este contexto genera una intensa actividad legislativa y política, con los congresistas bajo presión para consolidar su apoyo electoral.

Detalla María Jimena Escandón, abogada y socia de Orza, que la gran cantidad de proyectos pendientes de segundo debate anticipa una elevada congestión en las plenarias de la Cámara y del Senado en la próxima legislatura (2024-2025. Se tratará de una dinámica tensionada con la agenda del Gobierno nacional, que también buscará impulsar sus proyectos prioritarios.

(Además: Los cambios que vendrán para los trabajadores con la aprobación de la reforma laboral). 

Para la experta, es importante tener en cuenta que, además de los proyectos que el gobierno buscará radicar en la próxima legislatura, están aquellos que han sido salvados del archivo y han superado su primer debate, compitiendo también por espacio en la agenda congresional. Este escenario creará un ambiente entre la competencia y la colaboración entre las prioridades individuales de los congresistas y los objetivos del gobierno.

Dentro de esta dinámica, la elección de las mesas directivas resultará clave, ya que los presidentes y vicepresidentes de las comisiones y plenarias del Senado y la Cámara organizan el orden del día y la prioridad en la discusión de los proyectos.

“Lo cierto es que, aunque persisten desafíos significativos, el hecho de alcanzar equilibrios institucionales y promover la gobernabilidad dentro del Congreso desvirtúa en gran medida la tesis del bloqueo institucional del presidente Petro. Proponer una Asamblea Constituyente o recurrir al poder constituyente parece una medida desproporcionada cuando el sistema actual aún muestra capacidad de funcionamiento y adaptación. Tanto es así, que seguirá dando el pulso en el Congreso la próxima legislatura con otro paquete de proyectos y nuevas versiones de aquellos que se archivaron en esta legislatura», destacó María Jimena Escandón.

Gonzalo Araújo y María Jimena Escandón
Socios de la firma Orza

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Written by jucebo

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