El Ministerio de Minas y Energía publicó la resolución 40225 en la que propone una serie de cambios para el sector eléctrico, con el objetivo de reducir las tarifas de energía, que ha sido una de las grandes preocupaciones del Gobierno.
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En esta se toman algunas medidas, relacionadas con aspectos financieros de las compañías y se adopta el mecanismo para reducir el costo del kilovatio gracias a los créditos que han adquirido las empresas para financiar el monto acumulado de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3.
En este documento, que contiene seis artículos, se toman algunas medidas, que han generado dudas sobre su carácter regulatorio.
La resolución establece que las medidas pueden ser aplicadas a aquellas empresas de comercialización y distribución que hayan optado por el programa de opción tarifaria establecido durante la pandemia y que tengan créditos con entidades como Findeter o la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para financiar los saldos, que ascienden a más de $5 billones.
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De igual manera, otras empresas de la cadena, como las generadoras de energía, pueden también ser impactadas por este decreto.
En primer lugar, la medida del Ministerio establece que se debe dar una reducción obligatoria de las tarifas para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, para lo cual se deben dar ajustes regulatorios que deben ser expedidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en un plazo máximo de 30 días. En estos ajustes la entidad regulatoria deberá incluir la aplicación de beneficios derivados de créditos desembolsados o de la titularización de deudas por parte del Gobierno Nacional.
De esta forma, los usuarios podrían ver en sus facturas los efectos de los créditos que han tomado las compañías para mejorar sus situaciones de caja.
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Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía
Andesco
Además, en la resolución se prevé la extensión de estas reducciones a usuarios de estratos superiores y no residenciales, basándose en nuevos créditos destinados a la recuperación de saldos acumulados de opción tarifaria.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, señaló que con la aplicación de esta medida se podría reducir entre 4% y 20% lo que se les cobra a los usuarios, dependiendo de su estrato y el lugar.
Vale la pena resaltar que el objetivo del Gobierno es asumir esta deuda que ha ido a cargo de las compañías para financiar los montos de la opción tarifaria, si bien aún no han señalado cuál es el mecanismo mediante el cual se hará esto.
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El saldo acumulado por los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 es equivalente a $2,7 billones y sería la parte de la deuda que tomaría el Gobierno Nacional, como lo ha indicado también el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En el tercer artículo de la resolución, el Ministerio genera la posibilidad voluntaria de renegociación de contratos bilaterales de energía destinados al mercado regulado, permitiendo ajustes en duraciones, cantidades y precios, con el fin de beneficiar a los usuarios finales o priorizar áreas especiales.
Para esto, el Ministerio ordena que la Creg deberá establecer metas de referencia y divulgar la información resultante de estas renegociaciones para garantizar transparencia y efectividad en el proceso.
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Esta es una medida que ya se había tomado previamente para permitir contracciones en los precios de la energía contratada, que había tenido incrementos considerables por cuenta de los indexadores utilizados para actualizar los precios de la energía contratada.
En el cuarto artículo, el Ministerio genera un esquema diferencial para priorizar la reducción de tarifas en áreas especiales, lo cual implica ajustes adicionales en la regulación para facilitar la transferencia de beneficios a estos usuarios específicos. Estas medidas tendrán una vigencia inicial de seis meses y que podrá ser prorrogada o suspendida por el Ministerio.
Por último, se le ordena a la Creg que en 30 días calendario establezca y viabilice “mecanismos de financiación, adicionales a los mecanismos viabilizados por el Gobierno Nacional, que de manera temporal permitan aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras y/o comercializadoras que posean saldos acumulados de opción tarifaria”.
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Omar Fredy Prías, director ejecutivo de la Creg
Creg
A pesar de que el Ministerio ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que tome una serie de acciones, en el momento esta se encuentra sin quórum para funcionar.
Esto dado que el pasado 2 de julio se venció el encargo de Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con lo que la Comisión cuenta con tres de los seis comisionados. Esto dado que ya hay dos comisionados expertos en propiedad (Ómar Prías y Baisser Antonio Jiménez), además de Manuel Peña, que está en encargo hasta el próximo 11 de julio.
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¿Funciones regulatorias?
Manuel Gómez, asociado senior de Cuatrecasa en temas de Energía e Infraestructura, llamó la atención sobre el hecho de que las decisiones pueden entenderse como medidas regulatorias, que deberían estar en manos de la Creg.
“Lo cierto es que las decisiones adoptadas son regulatorias. Lo anterior en tanto tienen impactos directos sobre el cálculo del costo unitario de la prestación del servicio para los estratos 1, 2 y 3 al igualar a cero la variable relacionada con la recuperación del saldo de la opción tarifaria (COT), y al disponer que el saldo para estratos 4, 5, 6 y no residenciales deberá diferirse en un plazo igual o mayor al plazo de los créditos otorgados por las entidades financieras”, explicó.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
