Así lo manifestó en entrevista con El Diario, el ministro de Justicia, Néstor Osuna Patiño, quien participó del trigésimo Simposio Nacional de Jueces y Fiscales que se realiza en Pereira.
El hacinamiento carcelario sigue siendo una grave problemática social en Colombia, a la sobrepoblación que se registra en los centros penitenciarios, se suma un marcado hacinamiento en las estaciones de policía, en los centros de reclusión transitorios, entre otros.
Aunque para mitigar esta sentida dificultad el Gobierno nacional viene construyendo cárceles en diferentes zonas del país, por ejemplo, en Pereira con el centro penitenciario que se está edificando en lo que muchos conocen como El Pílamo.
Sobre esta importante obra, el ministro Osuna aseguró en diálogo con este medio de comunicación, que actualmente se viene desarrollando la primera etapa de la construcción de la nueva cárcel, para posteriormente arrancar con la segunda etapa y solo cuando esta última este terminada podría entrar en funcionamiento, para lo que faltaría mínimo un año y medio, según dijo el titular de la Cartera de Justicia.
Hay que tener en cuenta que la construcción de la cárcel en El Pílamo presenta un retraso más que significativo, teniendo en cuenta que desde hace más de 7 años se habló de la edificación de este centro penitenciario y se seleccionó el lote El Pílamo en la zona de la vereda La Honda del corregimiento Combia para que allí quedará esta infraestructura.
Reformas
Otro de los temas tratados con el Ministro fue el de las reformas a la Justicia y al sistema penitenciario. Sobre la primera el funcionario del Gobierno nacional manifestó que “lo que estamos planteando con la reforma a la justicia, es darle muchos más recursos económicos al poder Judicial, para que haya más y mejores juzgados, que haya juzgados en los territorios que tradicionalmente han estado alejados. Nosotros no queremos interferir en el funcionamiento, en la autonomía e independencia del poder Judicial, sino simplemente favorecer presupuestalmente el poder Judicial y así robustecerlo, que haya más fácil acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y que los procesos se puedan solucionar de mejor manera”.
Es importante destacar que uno de los aspectos que más indignación ciudadana ha despertado en el país, es lo relacionado con los delincuentes que son dejados en libertad por los jueces, quienes a pesar de que muchos son capturados en flagrancia o como dicen popularmente con ‘las manos en la masa’, son cobijados con medidas como casa por cárcel o simplemente no se les condena a pagar una condena en un centro carcelario.
Con respecto a la segunda reforma, Osuna Patiño recalcó que “la reforma penitenciaria lo que tiene es el propósito de lograr que las personas que han pagado una pena de cárcel, cuando salgan tengan mucho menos riesgo de cometer delitos, porque cuando estuvieron en un centro penitenciario trabajaron y por ello no perdieron el lazo con su familia y con la sociedad, esa es la esencia de lo que denominamos humanización del sistema carcelario”.
En teoría lo que busca un sistema penitenciario es resocializar a los delincuentes, que cuando terminen sus condenas puedan reinsertarse a la sociedad y no sigan cometiendo delitos, pero en Colombia las cárceles se han convertido en verdaderas universidades del crimen, no solo porque desde los centros penitenciarios se cometen delitos como la extorsión, también porque quienes pagan una pena privativa de la libertad salen a cometer más crímenes de manera inmediata.
Alimentación a sindicados
Recientemente se generó una preocupación en Colombia por la alimentación para las más de 17.500 personas privadas de libertad en condición de sindicadas (a la espera de un juicio) que se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de policía.
Sobre este aspecto, el Ministro de Justicia declaró que “la Corte Constitucional ha puesto de manifiesto que las personas que están privadas de la libertad sin ser condenadas, es decir, quienes están en las estaciones de policía y la URI, estarán a cargo de los municipios y que los municipios tienen que asumir esa responsabilidad. No es una responsabilidad de la policía y tampoco de la nación, pero somos conscientes de que una buena parte de municipios no tiene los recursos para asumir la alimentación de estas personas, por eso vamos a erradicar (hoy) un proyecto de ley que le permite a la nación ampliar la prestación de los servicios de alimentación a las personas que están en estaciones de policía y las URI hasta junio del 2024”.
Esto le permitirá a los alcaldes que salgan elegidos en octubre, tener tiempo suficiente para hacer sus previsiones presupuestales para hacer los arreglos institucionales que tengan que hacer para asumir esa obligación que la propia ley les asigna.
Aumenta el esclarecimiento de delitos
En la instalación del trigésimo Simposio Nacional de Jueces y Fiscales, Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, dio a conocer cifras sobre el incremento del esclarecimiento de diferentes delitos. Aseguró que en el 2020 los casos de homicidio doloso en el país tenían un 27% de esclarecimiento, mientras que en la actualidad ese porcentaje creció al 43,21%. En el homicidio múltiple el esclarecimiento era de 36,81%, hoy se ha logrado aumentar a un 89,16%. Por su parte el esclarecimiento de feminicidios pasó de un 86,73% a un 96,75%.
Aunque los medios de comunicación esperaron pacientemente al Fiscal General de la Nación para obtener unas declaraciones, este no dio entrevistas y a la salida del Simposio fue abordado por la hermana de Lucas Villa; persona asesinada en Pereira durante el estallido social, quien le recriminó por asegurar que ya fue esclarecido el asesinato de su ser querido.
Es preciso señalar que Risaralda no es ajena a esta problemática, las autoridades administrativas y policiales han denunciado las graves condiciones de hacinamiento que se presentan en las estaciones de policía del departamento.
